Analizan retirar la concesión de la ruta 2

Economía

*El Gobierno bonaerense quiere rescindir el contrato de las empresas que cobran peaje en la 2 y en la 11.
*Es a raíz de la insolvencia económica para hacer las obras que se les está exigiendo.

El Gobierno bonaerense analiza la posibilidad de rescindir el contrato de las empresas que tienen a su cargo los peajes en las rutas 2 y 11, ante la insolvencia financiera para llevar adelante nuevas obras viales.

Se trata de las empresas Covisur y Caminos del Atlántico. A cambio les ofrecerán el pago de una indemnización a esas firmas -que estará a cargo del nuevo concesionario-, para que resignen los seis años que les quedan de explotación de esas autovías.

La posible salida de los concesionarios comenzaría a definirse esta semana, para volver a licitar las rutas 2 y 11.

"Se trata de una salida negociada", afirmó el ministro de Infraestructura, Vivienda y Obras Públicas provincial, Eduardo Sícaro, al diario Infobae. La decisión se adoptará ante la imposibilidad de los concesionarios de afrontar las obras que se les están exigiendo desde el Estado bonaerense.

En el caso de la 11, el Gobierno de Felipe Solá exige la construcción de una doble vía desde Conesa a San Clemente del Tuyú, que incluye una rotonda de ingreso a esa ciudad balnearia.

Este emprendimiento demandaría una inversión de cien millones de pesos que Caminos del Atlántico asegura no poder recuperar en los seis años que le restan de explotación de la carretera.

Tampoco la otra empresa -que cuenta con seis años más de explotación de la ruta 2- puede promover un plan de inversiones incluidos en la renegociación del contrato que las partes deben encarar en 2007.

En ambos casos, la rescisión de contrato estarían compensada económicamente y el gobierno convocaría de inmediato una nueva licitación cuyo adjudicatario estaría obligado a hacerse cargo de los montos que demande la anulación de los contratos.

La estrategia del gobierno bonaerense prevé realizar una sola licitación para ambas rutas, al otorgar un plazo de treinta años de explotación al nuevo adjudicatario.

La decisión se conoce poco antes de la largada de la nueva temporada de verano que promete masiva circulación por esas rutas. Y cuando hay quejas crecientes por trágicos accidentes y demoras en esas rutas. En el caso de ambas rutas ya hubo varias presentaciones judiciales e incluso a nivel legislativo para que el Ejecutivo informe sobre inversiones y su cumplimiento, publicó hoy el diario Clarín.

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