Denuncian a Miceli

Economía

*Un abogado denunció a la ministra de Economía por las marchas y contramarchas en el pago de 600 millones de pesos al quebrado Grupo Greco.
*La acusan porque primero motorizó el pago y después, cuando dos senadores advirtieron sobre su supuesta irregularidad, dio marcha atrás y denunció a sus colaboradores.

El abogado Ricardo Monner Sans denunció ante la Justicia federal a la ministra de Economía, Felisa Miceli, a raíz de las marchas y contramarchas en torno al pago de casi 600 millones de pesos al quebrado Grupo Greco.

La presentación, radicada esta mañana ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Federico Delgado, reclama que Miceli sea investigada por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", porque primero motorizó el pago al Grupo Greco y después, cuando dos senadores advirtieron sobre su supuesta irregularidad, dio marcha atrás y denunció a sus propios colaboradores.

"Si no hubiera sido por el alerta de sólo dos senadores, se hubiera defraudado al erario", resumió el denunciante en su presentación.

Los Greco integraban uno de los principales grupos económicos del país y eran especialmente fuertes en Mendoza, pero en 1979 -plena época de la "plata dulce" les fue decretada la quiebra y la dictadura lo intervino, lo despojó de sus empresas e incluso llegó a poner presos a varios de sus directivos.

En 1987, el gobierno de Alfonsín le devolvió varias de las empresas expropiadas y se comprometió a pagar una compensación económica, pero ello nunca se concretó, y los Greco efectuaron el reclamo ante la Justicia.

La denuncia de Monner Sans recuerda que el grupo y el Estado llegaron a un acuerdo en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, que fue homologado por la Justicia, lo que en los hechos "equivale a sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y resulta ejecutable contra el Estado Nacional", añade el escrito.

Tras el recorrido interno por el Ministerio de Economía, Miceli y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pidieron al Congreso los fondos para el pago, por un total de 547 millones de pesos, lo que fue aprobado por Diputados pero rechazado por Senadores.

Miceli dictó entonces la resolución número 33 en la que paralizó todo lo anterior y, según la denuncia de Monner Sans, le achacó al juez en lo civil y comercial Francisco de Asís Soto -quien tiene la causa judicial- haber "actuado impropiamente".

"Si así hubiera sido, la Ministra habría debido poner el tema en conocimiento del Consejo de la Magistratura y, además, promover la investigación respecto de la actuación judicial que ahora cuestiona... para no incurrir en el delito de encubrimiento", advirtió el denunciante.

"La Ministro se expresa como si ella hubiera sido ajena a todo. Porque se habla de que 'los intereses del Estado no habían sido correctamente defendidos'; se dice que 'se ordenó instruir sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades emergentes'", reflexionó Monner Sans.

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