El Banco Central da a conocer este viernes el dato de morosidad de agosto 2026

Por su parte, el ratio de irregularidad en las empresas se habría posicionado en el 3,6%.

En tanto, el promedio general de irregularidad para los bancos se sostendría en torno al 7,7%.

La tasa de morosidad en fintechs y billeteras virtuales habría llegado al 33,9% en agosto 2026, acumulando casi dos años consecutivos de aumentos y superando los picos de la pandemia, mientras que las tarjetas de crédito propias de las grandes cadenas comerciales mostrarían rojos críticos que superarían el 50% en los casos más complejos.

Se estima que la mora ya afecta a unos 6 millones de personas en todo el país, impactando directamente en los niveles de consumo.

Endeudamiento y morosidad familiar: en Diputados salieron dos despachos enfrentados

El oficialismo anarcocapitalista consiguió 32 firmas para su despacho sobre el endeudamiento y la mora familiar cuyo tratamiento impulsó la oposición en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor que se reunieron este martes en la Cámara de Diputados.

En principio, el Gobierno Nacional no impulsaba ningún proyecto propio sobre el tema, ya que siempre negó la problemática que afecta a millones de hogares y siempre sostuvo que trataba de un "problema entre privados": las personas y los bancos y aplicaciones.

Sin embargo, apremiado por la postura de los bloques opositores, los libertarios de La Libertad Avanza (LLA) se vieron obligados a presentar un proyecto propio elaborado junto a los diputados del PRO y respaldado por la UCR, que dijo hacerlo en disidencia.

La oposición encabezada por los diputados de Unión por la Patria (UxP), en tanto, obtuvo 27 firmas para su dictamen, acompañado por los bloques de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Un tercer despacho fue redactado por el bloque Argentina Federal, que obtuvo dos firmas, a pesar de haber formado parte de los 133 legisladores que impulsaron el tratamiento del tema y su tratamiento en comisiones para luego dar el debate en sesión.

Dos propuestas enfrentadas

Oficialismo: solo herramientas digitales

Las propuesta oficialista se basa en la transparencia crediticia y protección del consumidor, sin establecer un régimen de regularización de deudas, solo obligando a bancos, emisores de tarjetas, proveedores no financieros de crédito y servicios de pago a informar de manera clara el costo total de las financiaciones, las tasas, cuotas, cargos, seguros e impuestos.

El despacho suma herramientas vinculadas al universo digital: doble validación de identidad y consentimiento para contratar créditos online, mecanismos de prevención y gestión del fraude, reintegros frente a cargos indebidos y un botón de arrepentimiento para revocar créditos contratados a distancia.

También posibilita establecer límites de autocontrol sobre el consumo con tarjeta, mecanismos de protección para los consumos realizados por menores y la portabilidad del crédito, e incorpora educación financiera en entornos digitales y nuevas tecnologías, con contenidos sobre crédito, costos, fraude, protección de datos y derechos de los usuarios.

Oposición: régimen de desendeudamiento

En cambio, en el despacho opositor se propone un régimen específico para personas endeudadas, con criterios concretos de acceso: quienes tengan, al 31 de agosto de 2026, 60 días o más de mora en créditos al consumo o quienes, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones.

Además, el capital total adeudado no podrá superar el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 del Indec y la cuota resultante de la regularización no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor.

Contempla la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresen por mora, un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades; y protección inmediata desde la solicitud, con suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios y capitalización de intereses.

El proyecto también incorpora límites a las tasas para determinadas operaciones, regula las cobranzas abusivas y prohíbe prácticas como el hostigamiento, las amenazas, las falsas intimaciones judiciales o el contacto con familiares y empleadores para reclamar una deuda.