El Gobierno dio inicio al proceso de privatización parcial de la empresa que opera las centrales nucleares
De acuerdo con el pliego de licitación, el Estado conservará la mayoría del paquete accionario y el poder de decisión en temas estratégicos.
El gobierno de Javier Milei oficializó la licitación pública para transferir casi la mitad del capital accionario de la empresa Nucleoléctrica Argentina S.A (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, garantizando que el Estado conserve la mayoría y el poder de decisión en temas estratégicos
Así quedó plasmado en la Resolución 1751/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se establece un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.
En el artículo 1 de la resolución se establece: “Iníciase el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) en los términos del artículo 8° de la ley 27.742 y del decreto 695 del 29 de septiembre de 2025”. Además, el procedimiento aprobado prevé la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, conforme a los lineamientos de la ley 23.696.
Paralelamente, se implementará un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% del capital accionario a este fin, otorgando preferencias a los empleados de la empresa. El 51% restante del paquete accionario permanecerá bajo control del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, garantizando así la participación mayoritaria estatal.
El Ministerio de Economía, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, ha sido instruido para adoptar todas las medidas necesarias que permitan concretar la privatización. Entre las acciones inmediatas se encuentra la organización del Programa de Propiedad Participada y la preparación de la venta en bloque del 44% de las acciones, proceso que deberá realizarse a través de una licitación pública y en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
Por su parte, la Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de las acciones de NASA, así como la gestión de la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual.
Javier Milei junto a Luis Caputo.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación manifestó que actualmente solo puede valuar activos físicos, por lo que la tasación de los activos financieros o intangibles de NASA será encomendada a una entidad bancaria pública, cuya evaluación tendrá carácter de presupuesto oficial. En caso de imposibilidad, la normativa autoriza la contratación de organismos internacionales o entidades privadas, siempre que no participen en el proceso de selección de compradores.
La venta parcial del paquete accionario se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento del decreto 416 del 17 de junio de 2025. Además, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada, con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, conforme a la reglamentación vigente.
La incorporación de capital privado y la implementación del Programa de Propiedad Participada requerirán la revisión y adecuación del estatuto social de NASA. La Secretaría de Energía será responsable de elaborar y gestionar la documentación necesaria, contando con la asistencia técnica y operativa de la empresa y la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.
La resolución, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo, establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Con este paso, el Gobierno argentino avanza en la reconfiguración del sector nuclear, abriendo la participación al capital privado bajo un esquema que preserva el control estatal y establece mecanismos de protección para las decisiones estratégicas de la empresa.
Resolución 1751/2025:
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