Juez que investiga a Rodrigo Rato por presunto fraude ordenó bloquear sus cuentas
El juez encargado de investigar al ex titular del FMI Rodrigo Rato por supuesto fraude y blanqueo de capitales ordenó el bloqueo inmediato de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos a su nombre y de sociedades relacionadas con el ex funcionario. El magistrado requirió además información histórica sobre los movimientos de esas cuentas.
La decisión llega el mismo día en el que terminó el registro del despacho de Rato en el Barrio de Salamanca y un día después de que la Justicia ordenara inspeccionar el domicilio de Rato en busca de pruebas, tras admitir una denuncia de la Fiscalía de Madrid.
Este viernes, entre insultos, el ex ministro de Economía del derechista Partido Popular (PP) y ex director del FMI, Rodrigo Rato, detenido el jueves durante varias horas, regresó a su despacho de Madrid para presenciar un segundo registro policial en el marco de la causa por blanqueo de capitales por la que es investigado, mientras crece la presión sobre el gobierno de Mariano Rajoy ante las repercusiones políticas del caso.
Tras más de 20 horas de registro, en el que se recogió mayormente material informático, los agentes policiales abandonaron el despacho de Rato sobre las 14. El ex vicepresidente del PP regresó a su casa con el semblante serio.
Su foto agachando la cabeza para ingresar al coche policial que lo había llevado a su oficina el día anterior ya había dado la vuelta al mundo, dejando detrás de sí una oscura imagen del otrora todopoderoso vicepresidente conservador.
La caída estrepitosa del ex jefe del FMI se produjo ayer cuando fue detenido durante ocho horas para garantizar su presencia en los registros que realizaron los agentes en su casa y su oficina tras una denuncia presentada en su contra por la Fiscalía de Madrid por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamientos de bienes.
La Fiscalía actuó después de que la prensa española publicara, el martes pasado, que Rato sería una de las 705 personas investigadas por la unidad de prevención de blanqueo de capitales, Seplac, de todas las que se habían adherido a la amnistía fiscal abierta en 2012 por el gobierno de Rajoy, el actual presidente español y líder del PP.
De acuerdo con fuentes fiscales, la denuncia fue presentada de forma urgente para "preservar las pruebas", y el juez de guardia ordenó el arresto de Rato para que fuera trasladado bajo custodia de los agentes de Aduanas a su despecho con ese mismo fin.
Rato estuvo presente en las primeras cuatro horas de esa inspección de su oficina, pero
pasadas las doce de la noche, quedó en libertad.
Las investigaciones respecto a Rodrigo Rato se centran en "un complejo entramado societario y familiar" que el ex ministro y algunos socios suyos tendrían en paraísos fiscales. Según medios españoles, estas empresas habrían sido creadas para evitar embargos por el "caso Bankia", que investiga irregularidades en la gestión de esta entidad que Rato presidía y que llevo al borde de la quiebra.
Rato también está imputado por el caso del uso de "tarjetas blacks" de Caja Madrid y Bankia, que no tributaron al fisco durante años.
La sola información de que Rato -un símbolo del establishment financiero y del modelo económico neoliberal del PP - se había sumado a la polémica amnistía de Rajoy, provocó un gran revuelo político e indignación en España.
Y el arresto de Rato no hizo más que incrementar el escándalo y la presión en torno al gobierno de Rajoy, al que la oposición acusa de haber creado una amnistía fiscal para sus amigos del PP.
"El presidente del gobierno ha sido el facilitador del blanqueo de capitales de estas personas que eran dirigentes del PP", aseguró hoy el portavoz del opositor Partido Socialista (PSOE), Antonio Hernando, cuya fuerza política registró un pedido de comparecencia de Rajoy en el Congreso de Diputados para dar explicaciones al respecto.
"Es fundamental comprender que estamos en manos de una mafia, el ministerio de Hacienda no puede ser un cortijo privado del señor Montoro y del Partido Popular", dijo por su parte Pablo Iglesias, el líder de Podemos, quien pidió al gobierno de Rajoy que "asuma la responsabilidad".
Los socialistas pidieron la dimisión del Ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y quieren, por un lado, que se constituya una comisión de investigación, y por otro, que se publique la lista de las personas que acudieron a la moratoria.
Sin embargo, Montoro desestimó esta posibilidad argumentando que la ley le prohíbe revelar los datos de los contribuyentes salvo "sentencia firme contra los defraudadores", al tiempo que instó a la oposición a plantear esta cuestión durante el debate de la Ley general tributaria que se realizará próximamente en el parlamento.
"La ley es igual para todos" y la agencia tributaria es "totalmente independiente", subrayó el ministro, quien no se plantea en ningún caso dimitir.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rechazó el pedido de comparecencia de Rajoy alegando que el caso de Rato es una investigación que afecta al ex político y banquero a nivel personal.
"Estamos ante un asunto particular, no ante hechos relacionados con un cargo en el ámbito público", sostuvo la 'número dos' de Rajoy, quien informó que el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria dará explicaciones el martes en el Congreso sobre esta investigación.
La detención de Rato fue un golpe para el PP, como reconocieron algunos de sus dirigentes.
En una entrevista con el canal Telecinco, el Secretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, expresó su "profundo desconcierto y decepción" por la investigación contra Rato, aunque destacó que su detención "no está relacionada con su etapa en el gobierno" de Aznar.
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