El banco JP Morgan pide a Griesa poder pagarle a los bonistas de Japón que aceptaron los canjes
La entidad bancaria le pidió al juez poder abonarle a los tenedores de títulos extranjeros que accedieron a los canjes 2005 y 2010 que no pudieron hacerlo pese al pago efectuado por la Argentina, en medio de la pelea con los "buitres".
El Banco JP Morgan, quien
debe distribuir a los bonistas japoneses de la Argentina el cobro
de sus títulos en yenes, envió una carta al juez Thomas Griesa
solicitando "una clarificación" para poder enviar los fondos a sus
clientes.
De esta forma, al igual que otros bancos intermediarios de
las operaciones de canje de bonos del 2005 y 2010, el JP Morgan
solicitó precisiones por escrito al magistrado neoyorquino, tras el
fallo "insólito", que está dejando a los bonistas extranjeros sin poder cobrar el pago efectuado por la Argentina.
Griesa, que se encontraba de vacaciones en su rancho de
Montana, recibió en estos días un cúmulo de cartas similares de
Euroclear y Clearstern, las cajas de valores de Bélgica y
Luxemburgo, respectivamente, del Agente de pago de la Argentina,
Bank of New York y de acreedores europeos y de fondos como Fintech,
del Mexicano David Martínez, luego del caos legal que generó el
fallo, debido a que las entidades temen sanciones judiciales de
parte de los bonistas.
JP Morgan, en base a un documento al que tuvo acceso Télam,
reveló que el pasado 24 de junio recibió una carta de los fondos
buitre, entre ellos Aurelius, quienes le recordaron que mantenga
los fondos inmovilizados para "no violar la orden", bajo el fallo
de febrero de 2012 con su interpretación del `pari passu`
(tratamiento igualitario a los acreedores), y de la enmienda de
noviembre de ese año, que indicó que los fondos buitre tenían
derecho de cobro del 100% con prioridad sobre los fondos del canje.
El JP Morgan de Tokio recibió fondos del gobierno argentino a
través de la ruta del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS,
por su siglas en inglés), en una cuenta que tiene en el Banco de
Japón.
El Banco Central de la República Argentina fue quien
transfirió parte de los vencimientos en yenes al BIS, por un total
de 212,7 millones de yenes (equivalente a alrededor de 2 millones
de dólares), pagaderos a través de la cuenta que la Caja de Valores
tiene en el JP Morgan Tokio.
El pasado 3 de julio, el JP Morgan Tokio recibió una nota de
la Caja de Valores, que los anotició de que "no había restricciones
legales para realizar dichos pagos".
Luego, el 4 de julio JP Morgan Tokio recibió la orden de la
Caja de Valores de transferirle los montos ingresados en su cuenta
nipona al Citibank, el encargado de distribuir los fondos a los
bonistas.
Pero el JP Morgan no realizó movimiento alguno, debido a que
entiende que "podría ser objeto de las órdenes" del juez Griesa,
por lo que pidió, al igual que el resto, una clarificación de la
norma y una "guía" para proceder con los pagos.
En tanto, la Caja de Valores de
Bélgica, Euroclear, envió un segundo pedido de clarificación por
escrito al juez estadounidense Thomas Griesa, en el que apoya una
moción presentada por bonistas europeos en el que exigen cobrar el
pago de bonos en euros, bajo ley inglesa, concretado por Argentina
antes del 30 de junio pasado.
Además, en un texto adjunto que lleva la firma del director
gerente de Euroclear, sostiene que la firma "está protegida por la
ley de Bélgica".
De esta forma, Euroclear envió hasta el momento en total dos
pedidos por separado al juez Griesa, uno que tiene que ver con los
pagos a bonistas europeos que tienen títulos bajo ley argentina, y
otro por los pagos a acreedores con bonos bajo ley de Inglaterra,
en relación a los pasos próximos que debería dar la entidad para
pagar, sin violar la orden del magistrado neoyorquino.
El texto sostiene que Euroclear
"se une a la presentación realizada por las partes no involucradas
en el juicio interesadas, los Eurobondholders, en su pedido de una
moción de emergencia de clarificación" de la orden emitida por el
juez Griesa, que congeló la transferencia de los pagos realizados
por la Argentina a los bonistas.
La entidad entiende que si el Citibank logró en forma verbal
el visto bueno para transferir bonos a bonistas europeos bajo ley
argentina, en la audencia que convocó Griesa el pasado 27 de junio,
lo mismo debería suceder para tenedores europeos que tienen títulos
bajo ley inglesa.
Tanto en el primer caso como en el segundo caso, piden una
clarificación por escrito, en una carta que está firmada por el
abogado de Euroclear, Paul Shoemaker, del estudio Greenfield Stein,
y que es acompañada por una presentación adjunta del director
gerente de la firma, Fabien Debarre.
El texto de Debarre explica que Eurcolear está "expresamente"
mencionado en el fallo de Griesa, de febrero de 2012, y además,
"procede a explicarle" al juez la "ley de Belgica, que protege el
sistema de Euroclear".
Entre otros tramos de la normativa, cita puntualmente el
artículo 9 de la ley belga de Abril de 1999 que sostiene:
"cualquier pago en efectivo en la cuenta que mantiene el operador
en el sistema o con un agente de pagos, así como cualquier
transferencia, a través de una institución belga o de una
institución extranjera de crédito, que sea acreditada en dichas
cuentas de pago, no pueden ser embargados, ni puestas bajo
secuestro u otro bloqueo de cualquier tipo por ningún participante
(que no sea el operador o el agente de pago), o de ningúna
contraparte o de terceros".
Esta "provisión" del artículo 9 "establece una protección al
sistema Eurclear", de "embargos" o similares, concluye el texto.
Asimismo, toma en consideración el caso de Nicaragua, cuando
en el 2003 habían sido bloqueados pagos por una orden de un juez
belga de primera instancia, también por un planteo del pari passu,
pero que luego fue revocado por la Cámara de Apelaciones de
Bruselas, en marzo de 2004.
Dicha cámara determinó que Eurcolear era un tercero en la
disputa entre el soberano y el acreedor (casualmente Paul Singer
litiga contra Nicaragua, entre otros), y que bajo esa capacidad
Euroclear no debería ser forzado a cumplir con ninguna obligación
contractual que amenace la igualdad (de derechos) del deudor.
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