El Gobierno argentino hará su descargo ante la Corte Suprema de Estados Unidos
Los representantes del país responderán a la posición de los fondos buitre. Será la última instancia antes de la conferencia que el máximo tribunal llevará a cabo el 12 de junio.
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York avala el pronunciamiento del juez Thomas Griesa, sobre el pari passu (tratamiento igualitario) y, también, un método de pago peculiar de la sentencia, debido a que en Estados Unidos no existen activos comerciales para ser incautados.
El juez neoyorquino determinó en 2012 que Argentina debe pagarle 1.330 millones de dólares a tres fondos (actualizables con intereses), cuya efectivización quedó en suspenso hasta el veredicto de la Corte Suprema.
Quien lidera la defensa argentina es el ex procudador general de George W. Bush, el abogado Paul Clement, ayudado por el histórico estudio que representa al país en casos de deuda, Cleary Gottlieb.
Desde que Clement formalizó su ingreso, en noviembre de 2013, el Gobierno optó por alejar de la arena política el tema de los fondos buitre, y lo dejó estrictamente en el plano judicial.
En el interín aparecieron propuestas de privados, la solución Gramercy, y de otros bancos de inversión, como Goldman Sachs, pero hay quienes consideran que las soluciones privadas podrían entorpecer el camino para que la Corte tome el caso; al menos por ahora.
La defensa argentina presentó escritos que expresan lo que el Gobierno entiende por "tratamiento igualitario" - la misma oferta con quita para todos los acreedores-, y advirtió sobre el peligro que puede significar para las reservas argentinas si el país se ve obligado a cumplir con la sentencia, debido a la avalancha de juicios de bonistas del canje que podría llegar luego.
Al determinar potenciales escenarios, los analistas especializados dan cuenta de la posibilidad de que -en el peor de los casos- el gobierno se vea judicialmente obligado a entrar en default.
En rigor, el acuerdo con los acreedores que ingresaron a los canjes también se rompería si Argentina acata una desición judicial desfavorable y paga a los holdouts el 100% estipulado por el juez Griesa, debido a que los tenedores de títulos reestructurados también podrán demandar ser resarcidos de igual forma, sin la quita que aceptaron en su momento.
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