Griesa recibirá a nuevos buitres que reclaman US$6.150 millones al país

El juez neoyorquino Thomas Griesa fijó este jueves para el 28 de octubre la concreción de una nueva audiencia por el litigio que enfrenta Argentina por la deuda en situación de default, en la que se discutirá la suerte de los bonistas "me too", que reclaman por un monto de 6.150 millones de dólares, adicionales al fallo existente del pari passu que favoreció a los fondos buitre.

El magistrado fijó la audiencia para las 14 hora local (las 15 en Argentina), donde "la Corte escuchará la moción para los argumentos presentados en estos casos" por los "me too", que son bonistas que mantienen títulos en default en su poder y que no están englobados en el fallo del pari passu, que ganaron los fondos buitre como NML, Aurelius y Olifant, entre otros.

Los bonistas "me too" tampoco están englobados dentro de la causa en la que determinados tenedores litigan en acciones de clase (class action).

Los "me too" buscan que Griesa les adjudique el mismo tratamiento que a los fondos buitre, por lo que, de concederse, se acumularía un piso de reclamo total a la fecha estimado en alrededor de 8.000 millones de dólares, según el último cálculo oficial que realizó la Argentina en base al tiempo que dio Griesa para que los bonistas presenten sus reclamos a la Corte.

De manera previa, Argentina contabilizó que entre agosto y septiembre pasado se presentaron 530 demandantes "me too" que reclaman en total unos 6.159 millones de dólares, según un documento del gobierno argentino presentado a Griesa el pasado 28 de septiembre.

Asimismo, Argentina actualizó la deuda total del fallo del pari passu del 25 de febrero de 2012, que comenzó a ejecutarse a mediados del año pasado, que ascendía inicialmente a 1.300 millones de dólares y que ya alcanza los 1760 millones de dólares.

"En concreto, 530 acreedores exigen ahora medidas cautelares idénticas tratando de obligar a la República para hacer una suma global "pago pro rata" a ellos de más de 6.150 millones de dólares, por encima de los 1760 millones de dólares ya están sujetos a los mandatos existentes", expresaron los abogados defensores de la Argentina, que pertenecen al estudio Cleary Gottlieb.

Por lo tanto, agregaron, los demandantes reclaman a Griesa una cifra "groseramente desigual", y "condicionando los servicios de la deuda reestructurada de la República (que compone más del 92% de la original deuda en default, un porcentaje comparable a la mayoría de otras reestructuraciones voluntarias de deuda soberana) en una reducción inmediata de los activos por una cantidad asombrosa de aproximadamente 8000 millones de dólares".

Los letrados dijeron que se trata de "una cifra que ni siquiera da cuenta de los miles de millones de dólares de deuda adicional morosos no sujeto a estos movimientos o los mandatos existentes".

Por este motivo, la defensa argentina consideró que "la Corte debe rechazar sin mérito la solicitud de los demandantes a fin de no agravar aún más la situación".

Un elemento a destacar es que la representación argentina introdujo en la documentación presentada ante la Corte los nueve principios para el ordenamiento de reestructuraciones de deuda soberanas aprobados el pasado 10 de septiembre de 2015 por Naciones Unidas. "La Asamblea General aprobó 'los principios básicos' para los procesos de reestructuración de la deuda soberana para mejorar el sistema financiero mundial, una iniciativa que fue inspirada por la crisis de deuda de la Argentina y recibió el apoyo de 136 naciones", subraya el escrito.

Y agrega que, "reconociendo el impacto perjudicial que la injunction (el fallo del pari passu) ha tenido
ya, y en vista de futuras reestructuraciones soberanas, la resolución incluye el principio de que "Los Estados deben ser inmunes a las decisiones de los tribunales nacionales relacionados con la reestructuración de la deuda soberana" y que "las excepciones deben ser limitadas".

Los letrados que representan a Argentina recalcaron además, que los procesos de reestructuraciones de deuda soberana son "un derecho de los Estados ante los tribunales y excepciones nacionales extranjeros debe interpretarse restrictivamente".