La Corte Suprema de EE.UU., a favor de los fondos buitre contra la posición argentina

Economía

Es en el caso Argentina vs los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores, que habían prevalecido en las dos instancias inferiores. Según se indicó en el blog de la Corte Suprema, la jueza Sonia Sotomayor no tomó parte de la decisión.

El máximo tribunal de los Estados Unidos se terminó inclinando por el peor de los escenarios posibles que enfrentaba la Argentina: el rechazo a hacer lugar a la apelación al fallo del juez Thomas Griesa.

La Corte tenía que expedirse sobre dos planteos de la Argentina:

La primera de ellas era definir si un país incumple con la cláusula de pari passu -que obliga al tratamiento igualitario de los acreedores- si hace pagos periódicos de intereses a quienes aceptaron entrar al canje de deuda mientras no paga nada a quienes rechazaron la reestructuración del pasivo. Desde el primer canje en 2005 la Argentina cumple con sus compromisos sólo con quienes aceptaron la reestructuración.

La segunda era determinar si una corte de distrito como el juzgado de Nueva York a cargo de Thomas Griesa puede ordenar que se disponga de bienes de un país para que se pague a los holdouts aun cuando dichos activos están amparados por el Acta de Inmunidad Soberana. Griesa ordenó que se capture el dinero que la Argentina gira para pagar a los bonistas dentro del canje y que con esos fondos se pague a los holdouts

Con el rechazo de la Corte de tomar la apelación, quedó firme el fallo que benefició a los fondos buitre. Esto significa que la orden de pago a los fondos buitre dispuesta por Griesa entra en vigencia o bien que ambas partes deben negociar para alcanzar un acuerdo de pago que satisfaga tanto a unos como a otros.

La decisión del máximo tribunal pone además en peligro todas las reestructuraciones de deuda soberana que están llevando adelante los países altamente endeudados como Grecia, España o Italia.

Así la Argentina se vería obligada a pagar 1.300 millones de dólares a los fondos buitres por bonos caídos en default en diciembre de 2001 que fueron adquiridos a precio vil por los denominados fondos buitre. Pero el mayor peligro es el reclamo, que podría llegar hasta los 30 mil millones de dólares, de trato igualitario por el resto de los bonistas, el 93% de los acreedores que sí entraron en el canje de deuda y ahora podrían reclamar la totalidad del pago por sus bonos en virtud de la clásula de pari passu.

La Argentina enfrenta tres escenarios distintos:

* El Gobierno de Cristina Kirchner podría pedir una revisión del caso a la Corte que debería dar su respuesta en los próximos días. Sin embargo las perspectivas ante esta posibilidad no son buenas ya que se da por descontado que, como en la mayoría de los casos que se llegan a esta instancia, el pedido sería rechazado.

* Otra alternativa que se abre con el rechazo de la Corte de tomar la apelación al fallo de Griesa, es que la Argentina negocie con los fondos buitre de qué manera pagará los 1.300 millones de dólares que reclaman. Este no es un detalle menor ya que en diciembre próximo cae la vigencia de la cláusula de pari passu que obliga a la Argentina a tratar a todos los bonistas por igual. De esta manera, si la Argentina logra dilatar hasta el próximo año el pago a los fondos buitre, los bonistas que sí accedieron a entrar al canje de deuda no podrán reclamar el pago del 100% de sus bonos. De esta manera la Argentina lograría evitar el mayor de los peligros: enfrentar una avalancha de demandas que podrían alcanzar los 70 mil millones de dólares. Si la Argentina decidiera pagar un solo dólar a los fondos buitre antes de diciembre, en virtud de la cláusula pari passu, el resto de los bonistas se encontraría en condiciones de reclamar el mismo tratamiento y la totalidad del pago.

Sin embargo la posibilidad de pagar a los fondos buitre y dejar afuera a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración de la deuda iría también contra la férrea posición defendida por el gobierno argentino en todos los foros internacionales en los últimos años contra los fondos buitre. Estaría de alguna manera validando esta práctica y al mismo tiempo echando por tierra la posibilidad de futuras reestructuraciones de deuda ya que ningún bonista aceptaría un quite en sus acreencias.

* También cabe la posibilidad de que el Gobierno decida el cambio de la sede de pago, que habitualmente se hace en el banco de Washington. De esta manera el país entraría en un default técnico. Seguiría pagando a los bonistas que entraron al canje de deuda pero evitaría que Griesa se hiciera de esos fondos a través de un embargo para pagarle a los fondos buitre.

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