La Corte Suprema de Justicia dejó firme la orden de reincorporación a su puesto laboral de una representante sindical que formuló denuncias por supuesta manipulación de datos que el organismo daba a publicidad.
El fallo firmado en el acuerdo de ministros rechazó el último recurso interpuesto por el Estado Nacional y dispuso la reincorporación a sus plenas tareas de Marcela Silvia Almeida, quien se desempeñaba en área de Coordinación del Índice de Precios al Consumidor. Almeida era, además, delegada gremial del personal del INDEC, según surge de los datos de la causa.
A causa de esas denuncias dijo haber sufrido trato discriminatorio y persecuciones que incluyeron el bloqueo de su contraseña de ingreso al sistema informático y el retiro de su computadora y de su escritorio, hasta que en septiembre de 2007, se le impidió acceder a su oficina.
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Almeida acudió a la Justicia reclamando la reinstalación en su puesto y una indemnización por daño moral. Y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al compartir el criterio del juez de primera instancia, admitió esos reclamos por considerar probado que la delegada había sido víctima de trato persecutorio y discriminatorio como consecuencia de las denuncias efectuadas. El Estado cuestionó esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
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En la sentencia dictada en el día de hoy, la Corte desestimó la queja presentada por no cumplir con los requisitos reglamentarios y por falta de agravio federal suficiente, según el voto de Enrique Petracchi, Elena Higthon de Nolasco y Carmen Argibay, en el primer caso y voto concurrente de Juan Carlos Maqueda, en el segundo, con lo cual quedó firme la sentencia de la Cámara Laboral que ordenó la reincorporación de Almeida a su puesto de trabajo en el INDEC y el pago de una indemnización por el daño moral que la delegada sufrió por la discriminación.
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