En un plenario de comisiones en el Senado, el FpV resolvió excluir a las pequeñas y medianas empresas para que no sean alcanzadas por la norma, entre otras modificaciones.
La reforma a la Ley de Abastecimiento, la creación del Observatorio de Precios y de un nuevo fuero de la justicia nacional en el ámbito de la defensa del consumidor obtuvieron este martes dictamen en el plenario de comisiones que las debatió en el Senado durante las últimas dos semanas con la presencia de representantes del gobierno nacional, cámaras empresariales y entidades defensoras de los consumidores, y están listas para ser debatidas en la sesión del próximo miércoles 3 de septiembre.
Luego de las exposiciones y el debate el oficialismo introdujo modificaciones al texto original de las iniciativas enviadas por el gobierno nacional que fueron anunciadas por el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Así se definió que en el texto de la "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" que modifica la ley de Abastecimiento de 1974 se excluyan de su alcance a las pequeñas y medianas empresas, se eliminó la posibilidad de que se avance en clausuras definitivas a infractores y se ordena que sea el Poder Ejecutivo Nacional el que determine la autoridad de aplicación cuando el texto original otorgaba dicha potestad a la Secretaría de Comercio.
"La idea es excluir a las pequeñas empresas y a las medianas que no
tengan una posición dominante en el mercado", destacó el jefe del bloque
oficialista, Miguel Angel Pichetto, durante el debate del que participaron 28 expositores anotados, entre ellosRaúl Aguirre Saravia, de la Federación Argentina de Abogados, el jurista Ricardo Gil Lavedra y Daniel Funes de Rioja, en representación de la UIA.
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El proyecto del Poder Ejecutivo implica modificaciones en tres leyes: la de Abastecimiento, la de Defensa de la Competencia y la de Defensa del Consumidor, aunque el blanco de las críticas de las empresas se centraron en aspectos vinculados a cambios en la primera de las tres.
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El 20 de agosto, Capitanich reivindicó ante los senadores el "rol regulador del Estado" respecto de las cadenas de valor y los consumidores y sostuvo que la legislación propuesta hace falta porque que se ha observado la existencia de "un funcionamiento inadecuado, incorrecto" que perjudica al "eslabón más pequeño" del proceso que constituyen usuarios y consumidores.
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Horas después, al hablar en el acto de la Bolsa de Comercio, la presidenta Cristina Kirchner instó a las entidades empresarias críticas de la iniciativa oficial a que dieran precisiones sobre "qué artículos, qué normas" son las que proponen modificar.
Precisamente, la Bolsa de Comercio integra el denominado "Grupo de los Seis" junto a la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Asociación de Bancos Argentinos, que se habían manifestado en contra del proyecto oficial.
Esa postura crítica es acompañada por otras cámaras empresarias, aunque en el caso de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se distinguió a las grandes empresas de las pequeñas y medianas.
En ese sentido, la entidad dirigida por Osvaldo Cornide sostiene que las pymes deben ser excluidas de los controles oficiales propuestos en la ley por ser "transparentes".
Dentro del Gobierno, además de Capitanich salió en defensa de la iniciativa el secretario de Comercio, Augusto Costa, quien aseguró que el proyecto es "pro empresario" y destacó la creación del fuero del consumidor para "que la Justicia sea rápida, eficiente, que tenga una orientación pro-consumidor".
Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, ratificó que los proyectos buscan "empoderar a los consumidores" ante abusos comerciales, para permitirles "ejercer el artículo 42 de la Constitución" en defensa de sus derechos. A su turno, casi todas las expresiones empresarias fueron de rechazo.
El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, advirtió que con el proyecto "no nos hace falta esperar que se sancione para saber si va a causar o no efectos negativos. Ya sabemos que los va a causar".
El titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, llamó al proyecto "intervencionista", alertó que la nueva ley de Abastecimiento "no generará mayores inversiones en la Argentina" y señaló que "la inflación es el gran enemigo de los consumidores".
En tanto, el representante de IDEA, Miguel Blanco, sostuvo que la nueva Ley que propicia el Gobierno "se va a pagar con desocupación, con menos consumidores y menos empleo".
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