"El 'Rodrigazo' tiene unos antecedentes muy distintos en comparación a lo que sucede actualmente", opinó la Confederación General Empresaria en referencia a los dichos del titular de la Unión Industrial Argentina, quien aludió a la posibilidad de ese estallido social por el tono de la discusión salarial de este año.
Las cámaras industriales agrupadas en la Confederación General
Empresaria (CGERA) rechazaron este domingo la afirmación realizada por el
presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de
Mendiguren, acerca de que los incrementos salariales pueden desembocar
en un nuevo "Rodrigazo", el estallido económico producido en 1975.
"El 'Rodrigazo' tiene unos antecedentes muy distintos en comparación a
lo que sucede actualmente", opinó Marcelo Fernández, presidente de la
CGERA.
La entidad destacó en un comunicado que "es frecuente que
los sectores más concentrados de la economía culpen a la política de
industrialización y concertación entre sindicatos y empresarios llevada a
cabo por (el ex ministro de Economía) José Gelbard", durante el tercer
gobierno del presidente Juan Domingo Perón.
Sin embargo, indicó, "el real antecedente que llevó al
'Rodrigazo' fueron las políticas llevadas a cabo por (el ex ministro de
Economía Alfredo) Gómez Morales", quien antecedió a Celestino Rodrigo "y
se encargo de aniquilar las reservas, destruir el Pacto Social, y crear
el germen de la deuda que condicionaría al país durante los siguientes
30 años", sostuvo.
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Al respecto, el secretario general de CGERA,
Raúl Zylbersztein, recomendó recordar "el contexto histórico" de los
primeros años de la década del 70, que se caracterizaron "por una
debilidad política absoluta", un estado de "confusión" de la entonces
presidenta Estela Martínez y "la violencia política manifiesta con más
de 500 muertes en atentados, los militares agazapados y organizaciones
guerrilleras actuando".
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"Todos aspectos que hoy de ninguna manera están presentes", señaló. Los empresarios agrupados en la CGERA consideraron, en tanto, que se
debe "debatir una política de ingresos sólida que armonice salarios,
pagos de transferencia, subsidios, impuestos, tarifas y precios,
productividad en base a inversiones".
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"El tema no es una supuesta escalada salarial sino la necesidad de
acordar entre el Estado, los sectores sindicales y los empresarios
nacionales un programa de redistribución progresiva del ingreso,
incremento de la inversión y desarrollo de la productividad" explicó
Zylbersztein.
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