Escándalo universitario: investigan a decenas de estudiantes por cambiar notas de exámenes
Por Télam
Un fiscal requirió que 63 alumnos sean llamados a declarar como imputados, junto con tres empleados no docentes de la Universidad Nacional de Tucumán.- Sospechan que cuando resultaban desaprobados o no se presentaban, los administrativos modificaban la nota al volcar las actas al sistema informatico.
Un fiscal federal pidió que 63 estudiantes y tres empleados no docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (Unt) sean citados a declarar como imputados por el cambio de calificaciones de exámenes realizados en esa casa de estudios.
El fiscal Carlos Brito solicitó a Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal número 2, que llame a prestar declaración indagatoria a Luis Francisco Agüero, titular de la Dirección Registro de Alumnos, así como a los empleados de esa oficina, Marcela Lobo y Ernesto Wilde.
Además, para que también sean citados, el fiscal elevó una lista de 63 alumnos, quienes desde comienzos de año están suspendidos y no pueden cursar preventivamente materias, como consecuencia del sumario administrativo en marcha, que corre en forma paralela a la investigación penal.
A los no docentes, Brito les imputó autoría, en concurso ideal, en la supuesta comisión de los delitos previstos por los artículos 117 bis (insertar o hacer insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales, en este caso en el sistema informático) y 292 del Código Penal (falsedad ideológica, aunque en grado de tentativa, en relación con las actas de exámenes).
En cambio, a los estudiantes, el fiscal requirió que los llamen en el carácter de coautores de la supuesta comisión del artículo 117 bis y presuntos partícipes necesarios en el comienzo de la ejecución para adulterar un documento público verdadero (actas de exámenes), de modo que pueda resultar un perjuicio (artículo 292 del Código Penal), también en concurso ideal.
Según la maniobra descripta por el fiscal, los alumnos se inscribían para rendir en mesas de exámenes libres y resultaban desaprobados o no se presentaban, lo que quedaba registrado en las actas de exámenes (luego son encuadernadas) de los docentes.
El fiscal precisó que los resultados de las actas eran volcadas a la base de datos del sistema informático de la Facultad por un empleado de la Dirección Registro de Alumnos, aunque, posteriormente, tales notas (ausente o desaprobado) eran modificadas por la calificación cuatro.
Como en el sistema informático todo queda registrado, Brito detalló la hora en que se produjo cada cambio de nota, sin el respaldo documental correspondiente, así como quién lo concretó, porque sólo 11 empleados gozaban de tal potestad y, con tal fin, contaban con una clave personal de acceso.
En su requerimiento, Brito entregó las planillas informáticas correspondientes, según las cuales Agüero efectuó 86 cambios de calificación (nota cuatro por desaprobado o ausente); Lobo, dos, y Wilde, una.
Asimismo, el fiscal analizó la cantidad de veces que los alumnos ingresaban al sitio web de la Facultad a consultar su estado académico y a inscribirse para cursar o rendir materias correlativas de años posteriores cuando el cambio de nota (el asentamiento de la nota cuatro) ya había quedaba concretado, pese a no haberse presentado a rendir o haber sido desaprobados.
Uno de los estudiantes, según los registros de Brito, ingresó a consultar 101 veces su estado académico, mientras que otro lo hizo un minuto después de que fue concretado el cambio de nota, lo que prueba "la supuesta participación en el hecho delictivo".
El fiscal también aclaró que la modificación de las notas en el plano informático constituía sólo la primera parte de la maniobra, porque "estas gestiones ilegítimas se encontraban encaminadas a adulterar posteriormente las actas de exámenes".
Brito insistió: "para poder obtener el diploma de egresado, se controla previamente la aprobación (y las notas obtenidas en cada una de las materias que integran la carrera) en el soporte documental papel (actas de exámenes), sin considerar la calificación que consta en el sistema informático. De allí que carece de finalidad práctica modificar sólo esta última".
La investigación había comenzado a mediados de febrero, cuando el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho, José Luis Vázquez y Miguel Marcotullio, respectivamente, denunciaron ante Brito supuestas irregularidades con las calificaciones y, al mismo tiempo, ordenaron un sumario administrativo.
El fiscal precisó que los resultados de las actas eran volcadas a la base de datos del sistema informático de la Facultad por un empleado de la Dirección Registro de Alumnos, aunque, posteriormente, tales notas (ausente o desaprobado) eran modificadas por la calificación cuatro.
Como en el sistema informático todo queda registrado, Brito detalló la hora en que se produjo cada cambio de nota, sin el respaldo documental correspondiente, así como quién lo concretó, porque sólo 11 empleados gozaban de tal potestad y, con tal fin, contaban con una clave personal de acceso.
En su requerimiento, Brito entregó las planillas informáticas correspondientes, según las cuales Agüero efectuó 86 cambios de calificación (nota cuatro por desaprobado o ausente); Lobo, dos, y Wilde, una.
Asimismo, el fiscal analizó la cantidad de veces que los alumnos ingresaban al sitio web de la Facultad a consultar su estado académico y a inscribirse para cursar o rendir materias correlativas de años posteriores cuando el cambio de nota (el asentamiento de la nota cuatro) ya había quedaba concretado, pese a no haberse presentado a rendir o haber sido desaprobados.
Uno de los estudiantes, según los registros de Brito, ingresó a consultar 101 veces su estado académico, mientras que otro lo hizo un minuto después de que fue concretado el cambio de nota, lo que prueba "la supuesta participación en el hecho delictivo".
El fiscal también aclaró que la modificación de las notas en el plano informático constituía sólo la primera parte de la maniobra, porque "estas gestiones ilegítimas se encontraban encaminadas a adulterar posteriormente las actas de exámenes".
Brito insistió: "para poder obtener el diploma de egresado, se controla previamente la aprobación (y las notas obtenidas en cada una de las materias que integran la carrera) en el soporte documental papel (actas de exámenes), sin considerar la calificación que consta en el sistema informático. De allí que carece de finalidad práctica modificar sólo esta última".
La investigación había comenzado a mediados de febrero, cuando el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho, José Luis Vázquez y Miguel Marcotullio, respectivamente, denunciaron ante Brito supuestas irregularidades con las calificaciones y, al mismo tiempo, ordenaron un sumario administrativo.
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