Tomarán indagatorias a Abad y "Pepin" Simón en junio

Es en el marco de la causa en la que se investigan actos de hostigamiento al Grupo.

Alberto Abad, el ex titular de la AFIP del gobierno de Cambiemos deberá prestar declaración indagatoria el 9 de junio próximo, mientras que el 17 de junio será interrogado, también como imputado, Fabián "Pepín" Rodriguez Simón, uno de los principales operadores judiciales del macrismo en la causa en la que se investigan actos de hostigamiento al Grupo Indalo.

La jueza María Servini reprogramó las fechas de las indagatorias de los acusados en la causa en la que el ex presidente Mauricio Macri intentó evitar el entrecruzamiento de sus teléfonos con los de su mesa judicial.

La citación "Pepín" fue dispuesta luego de que la jueza pudo analizar parte de la información obtenida a partir del cruce de llamadas telefónicas de varios miembros de la mesa judicial del gobierno de Macri, integrada por el propio ex presidente, el ex jefe de asesores José Torello, entre otros.

Sobre Abad, una de las hipótesis de los investigadores es que la AFIP habría formulado una "falsa denuncia" en el Juzgado en lo Penal Económico 11, imputando a los titulares del grupo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta sin que se cumplieran con los trámites administrativos o judiciales previos.

Tras los planteos de De Sousa, promotor de la denuncia, el fiscal Guillermo Marijuan planteó en su momento que, "desde la entidad recaudatoria nacional, se dispuso que ya no podrían otorgarse planes de facilidades de pago con relación al tributo correspondiente a los combustibles líquidos".

Ayer el ex mandatario sufrió un nuevo revés con el fallo de la Cámara de Casación que rechazó un pedido del propio Macri quien intentaba bloquear la posibilidad de que la jueza acceda a un informe completo eleborado por la DAJUDECO sobre los teléfonos de los acusados y llamadas en fechas claves del expediente.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso del ex presidente Mauricio Macri quien pretendía llegar a la Corte Suprema para anular una pericia a su teléfono y de su mesa judicia.

Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Eduardo Riggi coincidieron en que se trata de un recurso que no es contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Macri y Simón habían invocado gravedad institucional, lo que no han podido demostrar.

En el expediente se investiga una presunta organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, el ex Presidente Macri-, “quienes se habrían valido del poder estatal y de los recursos públicos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos en contra de las empresas del “Grupo Indalo”, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación- y de los beneficiarios finales de todas esas compañías, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.

Una de las personas imputadas en la causa es el abogado Rodríguez Simón, a quien se sindica como uno de los actores centrales de la denominada “Mesa Judicial” del anterior gobierno. Particularmente, se le atribuye haber participado en maniobras extorsivas perpetradas en contra de Carlos Fabián De Sousa, Cristóbal Manuel López y los socios de este último.

En la causa, un informe elaborado por la DAJUDECO da cuenta de los registros de llamadas existentes entre Rodríguez Simón y distintas personas -varias de ellas de la más alta relevancia político-institucional de nuestro país-, que tuvieron lugar en períodos de tiempo que se corresponden con los hechos investigados en la causa, entre ellos estaría la figura de Rosenkrantz.

La jueza Servini habia ordenado los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar las conexiones en fechas consideradas clave en la investigación sobre la situación de las empresas de López y De Sousa, y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.

Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.

El 29 de octubre pasado, Servini delimitó "el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores" a ciertos sucesos. Las defensas volvieron a apelar y alegaron "violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional".

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