El debate penal

Massa se lleva el mérito de que el que pega primero, pega dos veces. En los tiempos mediáticos que corren, lo que hizo fue algo así como "el que comunica primero, comunica dos veces". Massa, no sabemos si justa o injustamente, instaló la idea en los medios y en la clase dirigente de que el nuevo Código propuesto por la comisión Zaffaroni es más permisivo que el actual. Y hoy, como todo lo "actual" en materia penal es naturalmente mal visto (leyes/códigos+jueces+policías etc.), en razón del aumento de la inseguridad –que vuelve a superar a la inflación como la mayor preocupación popular–, un código más permisivo se cree que la profundizará, lejos de solucionarla. Ante el silencio oficial, fue un round para Massa.

Después de un mes de ostracismo, el tema volvió hace más de una semana cuando la comisión que redacto el anteproyecto de 446 páginas que se puede encontrar en http://www.infojus.gov.ar/proyectocodigopenal lo presentó en sociedad. Naturalmente buscando evitar la polémica en el plano político, las explicaciones de la comisión trataron de mantenerse dentro de los límites del derecho penal.

Eso fue hasta esta semana, cuando en oportunidad de la Feria del Libro, dos fiscales, uno de la Cámara Penal, Alejandro Aliaga, y otro de Casación, Javier de Luca, salieron a defender, por decirlo de alguna manera, la reducción de las penas. Sus declaraciones –de Luca definió a los delitos como "conflictos sociales" y antes había dicho que "cuando se habla de seguridad es para pocos y para pocas cosas" – reeditaron la discusión en el punto exacto que les conviene a candidatos como Macri y al propio Massa, quienes naturalmente salieron a contestar.

Lo mismo que la libertad de Luis "El Gordo" Valor, dispuesta por el Juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro Davis, de acuerdo al artículo 104 de la ley 12.256, que es la de Ejecución Penal Bonaerense y que establece la "libertad asistida",  que permite que un condenado recupere su libertad  "seis meses" antes del cumplimiento de la pena o de la "libertad condicional". O sea que vendría a funcionar como un adelanto de la "libertad condicional". Traducción: un fallo a la medida de Macri y Massa, y que se conoce la misma semana que el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, –quizás sabiendo que se venía esto– propuso inteligentemente un proyecto para que las excarcelaciones sean debatidas en audiencias públicas. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el juez Davis explicando en una audiencia pública por qué se apuró a dejar en libertad a Valor?

Habitualmente, cuando se instalan los debates sobre legislación penal e inseguridad, se tiende a simplificar el escenario señalando que hay dos grandes grupos: la mano dura por un lado y el garantismo por otro. Sin embargo, analizando con mayor detenimiento el mapa de la discusión, este puede parecer más complejo. Veamos:

• Comencemos por el extremo derecho. Aquí se encuentran los que promueven la pena de muerte. Poco o nada sirve explicarles que sería contraria a nuestra legislación constitucional y civil, que hay una tendencia mundial a abandonarla, que no ha mostrado mejorías en la lucha contra el delito y que buena parte de la sociedad argentina es católica, lo que significa que desde el plano de las creencias sería imposible que apoyase una medida de este tipo. En este mismo colectivo están los que piden penas más duras y los que sostienen que todo el problema es un código permisivo y jueces que no aplican el código.
• Luego viene la "mano dura": aunque podría ser confundida con la anterior no es lo mismo. Aquí "mano dura" representa a aquellos que piensan que podrían endurecerse las penas del código y, algo muy importante, hacen hincapié en los códigos de procedimiento penal, a partir de considerar que hay una permisividad de los jueces a la hora de aplicar la ley. Igual que el grupo extremo del principio, reivindican el accionar policial y les gustaría una política de Estado contra el narcotráfico.
• En el tercer lugar podríamos ubicar al "centro". Esto que debe representar a una parte importante de la población, quiere, como todos,  mayor seguridad y menor inseguridad, un código penal más sencillo y profesionalizado, menos discursos y teorías y resultados concretos. Se espanta ante la actitud de algunos permisivos que dejan a delincuentes en libertad sin un motivo que los obligue a hacerlo, pero también condena la brutalidad policial. Y están sorprendidos por la falta de mayor lucha contra el narcotráfico.
• El garantismo reúne a un grupo de estudiosos, jueces, periodistas y dirigentes políticos que han acuñado una definición que en realidad engloba a todos aquellos que creen en el estado de derecho y la democracia. ¿Puede haber alguien que no sea garantista (de derechos)? No. Pero lo que sucede es que el término se confunde con aquellos que sostienen que la ley deber ser más permisiva con el delincuente, que las penas no deben endurecerse y que la inseguridad en cierto modo es una creación de los medios de comunicación. De aquí la teoría de la "sensación de inseguridad".  No llegan a negar el delito como tal desde el punto de vista penal, pero focalizan antes en el accionar policial que en el delictual.
• Los abolicionistas: esta es una creación nuestra. Surge de leer declaraciones de jueces, fiscales y especialistas que ponen en discusión la naturaleza del derecho penal y la tutela que debe hacerse de las personas y los bienes, confundiéndolos como "definiciones y bienes" capitalistas, casi en un planteo si se quiere marxista de que un código penal como el que tenemos pertenece a una era oligarca.  Seguramente no se siente abolicionistas y se definirán como garantistas, pero son diferentes.