Tras ser destituido en un Juicio Político express, el ex presidente apoyó el respaldo de los países de la región.
El destituido presidente paraguayo Fernando Lugo aseguró que comenzó la "resistencia pacífica" luego de que la oposición lo apartara de su cargo en un juicio político express.
En diálogo con el diario Página/12, Lugo aseguró que "la presidencia que se instaló el viernes pasado fue un golpe de Estado" y advirtió que el rechazo al actual mandatario, Federico Franco, seguirá creciendo, conforme lo manifestaron los países de la región.
El ex presidente constitucional advirtió: "Ya empezamos la resistencia pacífica y un no reconocimiento de la presidencia que se ha instalado después del golpe de Estado parlamentario. Y ya se ven las manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos. Las hay. Crecen. Son pacíficas. Se expresan en contra de lo que el Parlamento ha resuelto en el viernes negro".
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En ese sentido, confirmó que este lunes encabezará una reunión de Gabinete en la que participarán los ministros que fueron sus colaboradores y que dejaron el gobierno al asumir Franco.
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También señaló que unirá sus fuerzas con movimientos sociales y sindicales, pero siempre dentro de la no violencia y agregó que "habrá una consolidación del rechazo a la presidencia que surgió de la destitución".
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"Nos hemos sometido al juicio político parlamentario y hemos aceptado el veredicto para evitar derramamiento de sangre. Estamos contra todo tipo de violencia y ese día se presagiaba violencia y represión. Hoy, ya con el espíritu sereno, las manifestaciones ciudadanas son ejemplares, lo que puede verse en las calles o en las transmisiones del Canal 13 de Paraguay y como lo hace la televisión pública", describió.
Asimismo, precisó que si bien la herramienta del juicio político es válida, los congresistas exageraron en la forma y atribuyó la votación en su contra a "un simple acuerdo de cúpulas, lo hicieron los dirigentes de los partidos tradicionales".
Lugo fue destituido el viernes en un juicio político convocado la misma semana por el Congreso, que lo acusó de mal desempeño de la función pública por la muerte de 17 personas entre policías y campesinos durante el desalojo de un campo.
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