Los recursos hidrocarburíferos, son, y más en nuestro país, estratégicos. Esto es así porque su aprovisionamiento es fundamental tanto para las familias como para las industrias, y porque su precio repercute sensiblemente en el resto de la economía. Dicho de otra manera, los hidrocarburos se transformaron (desde hace ya un buen tiempo) en uno de los insumos esenciales para el crecimiento y el desarrollo económico (con la particularidad de que los mismos no son renovables, es decir, no se reproducen).
El ciclo de crecimiento que en los últimos años se ha dado en la economía Argentina, con eje en la recuperación del sector industrial, tuvo su correlato en la demanda de energía. En particular, la de gas. El problema que surgió es que la producción nacional de este hidrocarburo no sólo no acompañó el ritmo de crecimiento del consumo, sino que además disminuyó fuertemente. Esto trajo aparejado que las importaciones de gas comenzaran a crecer de manera cada vez más significativa.
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Para incrementar la producción nacional, el gobierno generó, en un primer momento, un esquema de incentivos, los cuales en general daban mayor precio a la producción adicional de gas. Como la respuesta no fue la esperada, hace poco más de un año se resolvió expropiar el 51% de la empresa más importante del sector, insignia nacional del desarrollo de la actividad por parte del Estado: YPF.
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Con la recuperación de YPF, el Estado volvió a tener capacidad efectiva de incidir en la dinámica del sector, pese al deterioro que la administración de REPSOL produjo en la empresa. Esto es así ya que la misma tiene todavía una influencia importante en todos los eslabones de la cadena. No obstante, como YPF representa sólo una parte del sector hidrocarburífero, la resolución definitiva del problema del abastecimiento energético en general, y del gas en particular, debe contemplar al resto de las empresas, y especialmente a aquellas que tengan la capacidad efectiva de poner a producir el tipo de hidrocarburos (no convencionales) que la Argentina hoy dispone.
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La producción de hidrocarburos no convencionales se realiza a través de una práctica más sofisticada que los convencionales. Ello requiere know-how y experticias sobre una técnica que en la actualidad no se domina totalmente en el país, al menos no con la productividad de otros países. Asimismo, la necesidad de importación de ciertos bienes y servicios fundamentales para la explotación de estos hidrocarburos implicará el gasto de divisas, la cuales, en estos momentos, podrían ser destinadas a otros sectores relevantes (a saber, las importaciones de bienes de capitales para sostener el crecimiento de la producción automotriz, entre otros).
Es por ello que se torna indispensable la pronta puesta en producción de las reservas del principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta. Es importante tener en cuenta que los hidrocarburos son valiosos en tanto y en cuanto pueden ser puestos en producción y, como ya se mencionó, esto no depende solamente del nivel de dominio respecto del know- how, sino también de contar con las divisas necesarias para que el mismo pueda ser llevado a cabo. En este sentido, el reciente Decreto 929 da cuenta de dicha situación. Es decir, para continuar con un modelo económico que hasta ahora se mostró sólido y robusto, se necesita el incremento de la producción local lo antes posible.
Es en este marco que debe entenderse el nuevo régimen de promoción para la explotación de hidrocarburos y el acuerdo firmado con la firma norteamericana Chevron. Es decir, no puede analizarse esta situación a través de una sencilla (y simplificada) lupa monetaria, sino como una cuestión que incluye a lo monetario, a lo productivo, a lo regional, a lo laboral, a lo social y al desarrollo (actual y potencial).
(*) Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
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