El nuevo acuerdo de precios constituye otra demostración del trabajo que viene realizando el gobierno para defender el poder adquisitivo del bolsillo de los argentinos, conteniendo la suba de precios sin apelar a las recetas recesivas de la ortodoxia, como el congelamiento de los salarios o la disminución del gasto público, propuestas recurrentes de la oposición. Recetas que, como todos sabemos, fracasaron en cada país donde se las aplicó.
Puntualmente, se acordaron 194 precios de una canasta de referencia de 100 productos, en la que se incluyen los rubros almacén y bebidas, frutas y verduras, carnes y procesados entre otros. La primera etapa alcanza la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, a la que luego se irán incorporando sucursales del interior del país.
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Otro aspecto relevante del acuerdo es que el mismo es el resultado de una convocatoria multisectorial, en la que participaron 10 cadenas de supermercados y 75 empresas proveedoras, firmando convenios a lo largo de la cadena de valor que garantizan el cumplimiento y el abastecimiento de mercadería; en una clara demostración de que el gobierno coordina políticas del modelo de crecimiento con inclusión social junto al sector privado. Además, se espera que se vayan incorporando otros distribuidores mayoristas, cadenas de supermercados regionales y de origen asiático.
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La medida resulta innovadora ya que, según señaló el secretario Augusto Costa, "no se trata de un congelamiento de precios" estrictamente hablando, dando lugar a variaciones de precios que tendrán que ver con los costos de la economía, por medio de "monitoreos permanentes".
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Y que el Estado dispone de instrumentos que van "desde multas hasta clausuras" en caso de incumplimiento de lo firmado. También agregó que la medida "se complementará con los diferentes instrumentos del Gobierno para generar incremento de oferta, inversión e infraestructura, para reducir costos de logística y tener menores costos generales".
Los últimos datos de la actividad económica confirman que este es el camino a seguir: ocuparse de los precios sin renunciar a la política económica del actual proyecto político, pensada en favor de los trabajadores.
En ese sentido, el crecimiento del PBI alrededor de un 5% para el año 2013 hecha por tierra todos los fantasmas que vienen agitando los grandes medios de comunicación en torno a los perjuicios económicos de la evolución local de los precios. La baja en el desempleo, el aumento en el salario real, el consumo y la producción son cosas que demuestran la plena vigencia del modelo iniciado en mayo del 2003.
Por eso, con este tipo de señales, se busca que el empresariado local responda con más inversión a los desafíos del actual proceso de crecimiento y desarrollo, aumentando la producción y no los precios.
Por lo pronto, todos los sectores sociales deben comprometerse en el monitoreo y el éxito de la flamante medida.
(*) Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
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