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Consecuencias de la indagatoria a Amado Boudou

El director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría analiza el contexto político en el que fue llamado a declaración indagatoria el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Consecuencias de la indagatoria a Amado Boudou
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Escribe Rosendo Fraga (*)

El vicepresidente Amado Boudou terminó su declaración indagatoria en la causa Ciccone con la actitud política desafiante que ha asumido en los últimos días, tras la decisión de la Casa Rosada de cerrar filas detrás de él y defenderlo.

La movilización de militantes oficialistas en su apoyo durante el día de la declaración ha sido una clara manifestación de éste apoyo. Sin embargo, ello no implica que el juez Ariel Lijo no vaya a procesarlo en los próximos días.

Al mismo tiempo, Boudou intentó sin éxito que la Sala I de la Cámara Federal invalide algunas de las pruebas en base a las cuales ha sido citado, pero desde el oficialismo seguirán los ataques contra el juez.

También es cierto que la acusación penal puede agravarse y que esta causa puede vincularse con otras en su contra, como la de enriquecimiento ilícito y su supuesta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa.

Si en los próximos días el juez determina el procesamiento del Vicepresidente en esta causa -y esto puede suceder durante el Mundial-, ello puede complicar aún más al gobierno.

Pero éste parece decidido a evitar que Boudou renuncie o pida licencia, como lo aconsejaría la imagen que hoy tiene el gobierno. Pero en el oficialismo predomina la necesidad de impedir que el poder se debilite en el último tramo del segundo mandato.

Es que si un procesamiento por una causa de corrupción precipitara el desplazamiento del Vicepresidente, situaciones similares podrían darse con otros funcionarios, creando así una situación difícil para el oficialismo en un contexto político adverso.

Ello sucede cuando la justicia da crecientes muestras de independencia y ésta se ha transformado en un campo de batalla de la política.

La oposición no está en capacidad de poner límites al gobierno, que mantiene sólidas mayorías parlamentarías y el alineamiento de la mayoría de los gobernadores e intendentes; en cambio, la justicia sí puede hacerlo.

(*) Rosendo Fraga es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

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