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Diez años de inversión educativa y mejora en el salario docente

El economista e integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular analiza la inversión en materia educativa realizada por el Estado nacional durante la última década.

Escribe Santiago Fraschina (*)

Una de las principales políticas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional desde 2003 hasta el presente ha sido la mejora continua del sistema educativo. Las medidas en este sentido han sido diversas y han apuntado a generar cambios positivos en la propia estructura del sistema para que la educación pública y gratuita pueda resultar una política estable, no solo en el presente sino también en el futuro.

Los números acerca de la inversión en materia educativa, en los últimos diez años, dan cuenta de esta realidad. En el 2003, se destinaba un 3,68% del PBI a la inversión educativa, mientras que en la actualidad dicho porcentaje se ubica en 6,74%.

Este giro también se puede ver en el lugar preponderante de la educación en las políticas públicas y el compromiso del Estado Nacional de contribuir con los recursos financieros necesarios para sustentar al sistema. La evolución de la legislación durante los últimos diez años marca una verdadera política de Estado. Las normas que se han ido aprobando tendieron a reparar el desmantelamiento que sufrió el sector en la década del noventa. De todas las leyes sancionadas, valen destacar la Ley Nº 26.075 y la Ley Nº 26.026. La primera establece incrementos paulatinos en los fondos destinados a la educación y determina un índice de recursos coparticipables entre las distintas provincias. La segunda, reformuló por completo el sistema educativo. En ella se establecen a la educación y al conocimiento como un bien público y un derecho personal garantizado por el Estado.

A partir de estas iniciativas, el gasto público en educación consolidado (Nación y Provincia) se incrementó desde $ 13.584 millones en 2003 hasta $ 145.934 millones en el año 2012. Estos montos de inversión acumulada reflejan un incremento nominal cercano al 1.000%.  De esta manera, el Estado se posicionó como actor central en el desarrollo de la educación. En este sentido, el Estado financia más del 80% de la inversión en educación en la Argentina.

Esto se puede ver a través de tres indicadores. En primer lugar, si se toma la inversión estatal por alumno en las escuelas, ésta se incrementó un 90% pasando de los 1.102 pesos anuales por alumno en el año 2003 a los 11.121 pesos en el año 2012. En segundo lugar en el año 2003, el gasto universitario representaba el 0,5% del PBI, mientras que en el 2012 se ubicó en el 1% del PBI. En tercer lugar, el salario de los docentes universitarios también ha percibido una importante mejora con un incremento nominal de 868% entre 2003 y 2012.

Otro de los principales resultados de las políticas educativas fue el proceso de incremento de los salarios docentes en todas sus categorías. La evolución que ha tenido el salario bruto de maestro de grado durante el periodo 2004-2013 fue del 610%, el cual creció a una tasa acumulativa del 16,7% anual, pasando de $602 en el año 2004 a $4.723 en el último año. Por otro lado, el salario bruto promedio nacional de maestro de grado con 10 años de antigüedad de jornada simple siguió el mismo sendero de crecimiento. Entre 2003 y 2013 tuvo un aumento del 766% pasando de $571 a $4950, a un ritmo de subas del 20% anual.

Un punto a tener en cuenta es que si se comparan los salarios que se discuten a nivel provincial con la dinámica salarial promedio de toda la economía desde el año 2006 hasta la actualidad, el salario bruto promedio anual de los docentes de grado con 10 años de antigüedad fue superior a la evolución de los salarios medios en general.

Otra manera de observar el aumento del salario docente durante la última década es comparando la cantidad de bienes –seleccionados de una canasta de primera necesidad- que el actual salario docente puede comprar, en relación al poder de compra del año 2003. El poder de compra en relación a los productos de supermercado se ha incrementado considerablemente tomando tanto al salario mínimo docente (por ejemplo en el 2003 podía adquirir 127 botellas de bebida cola de 1,5 litros y en la actualidad puede adquirir 248), así como el salario de un maestro de primaria con diez años de antigüedad (en el 2003 podía adquirir 202 unidades de bebida cola de 1,5lt y en la actualidad puede adquirir 458).

En comparación con el resto de la región, los salarios de los docentes argentinos mejoraron sustancialmente en los últimos años. El avance que se ha producido durante los últimos años puede observarse a través del sistema universitario. Cabe aclarar que el nivel universitario no se encuentra transferido a las Provincias y es el Estado Nacional el responsable de establecer la política universitaria y la asignación de recursos económicos. En estos once años de gestión se crearon nueve Universidades Nacionales en diversas jurisdicciones (Buenos Aires, La Rioja,  Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y San Luis). La creación de estas universidades es una política que fomenta el federalismo y evita que miles de jóvenes migren de sus pueblos y ciudades al terminar la escuela media.

Luego de décadas de abandono de la educación como una política de Estado, las políticas específicas que viene implementando el Gobierno Nacional, abarcan distintos estratos sociales y niveles educativos. Es por ello que se puede afirmar que el Estado Nacional, desde hace 10 años, ha logrado incrementar la inversión en materia educativa llevando a cabo diversas políticas que garanticen una educación para todos los chicos y chicas del país.

Claramente, el progreso educativo de los países resulta ser un componente del inexpugnable del proceso de mejora de las condiciones de vida de las sociedades, es decir, su desarrollo. Y, en esta oportunidad resulta un verdadero orgullo decir que la República Argentina en esta materia efectivamente se ha convertido en un muy buen alumno. Lo que no equivale a decir que no haya asignaturas pendientes y desafíos por delante, pero que ponen de manifiesto la sólida orientación de las políticas impulsadas y contrarrestan con datos concretos las críticas, especialmente de aquéllos que cuando tuvieron la responsabilidad en la gestión recortaron partidas presupuestarias y no vacilaron en bajarle el sueldo a los docentes.

(*) Santiago Fraschina es economista e integra el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

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