En defensa del consumo popular
Escribe Javier Cernadas
De allí la importancia que en su momento tuvo dar la discusión por la 125: más allá de ser una herramienta fiscal, buscaba desacoplar los precios externos a los locales y resguardar la soberanía alimentaria nacional procurando que la elevada cotización internacional de la soja, principal producto exportable argentino, no desincentivara la producción de otros cultivos que sí constituyen parte importante de la canasta alimentaria argentina.
En este contexto, el lanzamiento de la tarjeta destinada a financiar compras en supermercados junto con la decisión de extender el congelamiento de precios hasta el 31 de mayo, buscan garantizar la estabilidad de los precios de bienes de consumo masivo administrando rentabilidades, no solo por parte de los formadores de precios sino que, a su vez, incorpora un actor decisivo: el sector financiero y sus elevados intereses y comisiones.
En primer lugar, la prolongación del Acuerdo de precios eliminó todo tipo de especulación en torno al "Día 61", del que muchos analistas decían desconfiar. La incertidumbre que se pretendía generar ha quedado desvirtuada frente a la extensión del Acuerdo, la estabilización de los precios y el crecimiento sostenido de las ventas, lo que revela la confianza de los consumidores y el respaldo a la iniciativa gubernamental.
Por otro lado, la SuperCard, que estará disponible en abril y será extendida por los propios supermercados nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), supone una complementación con el Acuerdo de Precios en tanto disminuirá la carga financiera que implica la venta con las tarjetas de crédito tradicionales (del 3 al 1 por ciento) y permitirá a las cadenas absorber un incremento en el precio mayorista sin que sea trasladado a los consumidores.
Para tal fin, además de los supermercados, se incorporan las compañías de seguros, ya que se creará un fideicomiso que fondeará el lanzamiento de la tarjeta y con esto se avanza en el cumplimiento del "inciso K" que exige a las aseguradoras redireccionar un porcentaje de sus inversiones hacia la economía real, reduciendo así la especulación financiera.
Una vez que se encuentre en funcionamiento la tarjeta, la Secretaría de Comercio Interior analizará cada uno de los sectores productivos y autorizará aumentos en los canales mayoristas que no se verán reflejados en los precios finales.
La SuperCard podrá tramitarse con la sola presentación del DNI, un servicio y comprobante de ingresos en las cadenas adheridas y podrá ser utilizada en Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, La Anónima, Libertad, Vea y Walmart, pudiéndose incorporar luego los supermercadistas chinos y los del interior del país.
A su vez, la nueva tarjeta redunda en beneficios para sus usuarios, disminuyendo considerablemente la tasa de interés por saldos que cobran las entidades financieras en la actualidad, la cual se encuentra en torno al 60 por ciento. El máximo establecido para la SuperCard será una tasa del 22 por ciento anual, según explicitó la Subsecretaria de Defensa del Consumidor "Pimpi" Colombo.
Para concluir, podemos destacar que, así como desde la ortodoxia económica se afirmaba que el Acuerdo de precios no funcionaría, hoy se pretende asociar a la Supercard con presuntos negocios millonarios o estafas a los consumidores, con predicciones sobre el rápido fracaso de la iniciativa frente a las altas expectativas inflacionarias.
Sin embargo, detrás de estas profecías se esconden deseos y protección de intereses. Se espera el fracaso del congelamiento porque históricamente ha sido la inflación el "enemigo" que servía como justificación para planes de ajuste, recortes de salarios y jubilaciones, y endeudamiento del país, una secuencia trágica que afortunadamente el actual proyecto político no está dispuesto a convalidar.
(*) Licenciado en Comercio Internacional. Integrante del GEENaP
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