La ex senadora y hoy legisladora de la ciudad de Buenos Aires analiza la política energética desarrollada en los últimos 10 años con los cortes de luz de la última semana como trasfondo.
Escribe María Eugenia Estenssoro (*)
Sin luz, hay oscuridad. Y es en las penumbras, precisamente, donde el Gobierno ha preferido mantenerse para no admitir, entre otras cosas, el grave problema energético: hace once años que está en el poder y la política en este sector nunca se enfocó en generar incentivos a la inversión, a la producción y al uso racional de la energía. En este período perdimos el autoabastecimiento energético, se destruyó la producción nacional de gas y petróleo, todas las distribuidoras de electricidad están en quiebra, destinamos casi 12.000 millones de dólares a importar energía y, como no podía ser de otra manera, los cortes se repiten con mayor frecuencia, dejando a oscuras a sectores cada vez más amplios de la población.
¿Cómo llegamos a esto? La demanda de energía crece año a año, a causa de factores naturales, como el crecimiento de la población, pero también por el crecimiento económico y el uso más intensivo de la energía. En la última década, no sólo se reemplazaron electrodomésticos en los hogares, sino que también se sumaron otros nuevos. Así, la demanda de potencia, que es la máxima exigida en un instante, se incrementó un 57% entre 2002 y 2012, mientras que la potencia instalada (la capacidad para hacer frente a esa demanda) se incrementó sólo un 22% en el mismo período. Incentivar el consumo fue uno de los principales objetivos del actual gobierno, pero lo hizo de un modo totalmente desequilibrado: no sólo no generó las condiciones para invertir en el sector sino que las desalentó.
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En enero de 2002, mediante la ley de emergencia económica, se congelaron las tarifas de energía eléctrica de los hogares. Algo que inicialmente se implementó como una medida de emergencia se perpetuó a lo largo de todos estos años, con revisiones sólo parciales en 2008, 2010 y 2012. Según cálculos de la consultora Montamat y Asociados, hoy en la Argentina pagamos por la electricidad menos de una cuarta parte de lo que se paga a nivel regional e internacional. Las tarifas congeladas de las cuales se beneficiaron amplios sectores de la sociedad han demostrado no ser gratis: tienen un alto costo en materia de desinversiones para el sistema energético nacional.
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A esto se sumó un problema adicional: la miopía de los responsables de la política energética trascendió a la energía eléctrica. En los últimos años cayeron tanto las reservas como la producción de gas y petróleo, no sólo de YPF sino de la mayoría de las empresas que operan en nuestro país, agravando aún más la situación del mercado eléctrico que utiliza el gas como principal insumo. Aún más: desde 2003 se dilapidó el autoabastecimiento nacional que habíamos conseguido y consolidado en las últimas dos décadas.
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Los sustitutos del gas que se debieron utilizar para la generación de energía eléctrica (gas importado, fuel-oil, gasoil, GNL) en algunos casos llegan a multiplicar por 9 el precio del gas natural producido en la Argentina, y se encareció así la generación de electricidad. Costos cada vez más altos, tarifas congeladas y un gobierno cada vez más atrapado por la necesidad de cubrir la creciente brecha con subsidios cada vez más abultados. Los subsidios destinados a la energía crecieron desde 3.000 millones de pesos en 2005 a 80 mil millones en el acumulado de 12 meses a octubre de 2013. Hoy, el Tesoro financia indirectamente esos subsidios con aportes del Banco Central. La mala política no sólo generó un severo problema fiscal sino también externo: las importaciones de energía suman 11.395 millones de dólares en el acumulado de 12 meses al mes de octubre de 2013, arrojando un déficit comercial de 6.088 millones de dólares para el sector energético, que ya duplica el déficit de 2012. Y una parte relevante de las importaciones es asumida por el Estado. Un gobierno que se jacta de promover la sustitución de importaciones, en el sector energético fomenta las importaciones: paga a Bolivia 10 dólares por el mismo gas que paga 3,1 dólares a los productores locales; o 18 dólares por el fuel oil que reemplaza al gas que se dejó de producir localmente.
En el Senado de la Nación se vienen discutiendo, desde hace ya varios años, distintos proyectos de ley que buscan diseñar algún mecanismo que permita proteger de los altos costos de la energía a aquellos que menos tienen, lo que viabilizaría un sendero de reacomodamiento gradual de precios más acorde al servicio que se recibe. Pero no ha habido voluntad política por parte del oficialismo para que avance el proyecto de ley consensuado entre distintas fuerzas políticas. La oscuridad le viene ganando a la luz.
(*) María Eugenia Estenssoro es legisladora de la ciudad de Buenos Aires por UNEN
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