La legisladora porteña en el bloque de Nuevo Encuentro elogia el fallo de la Corte Suprema en el marco de la disputa entre el Grupo Clarín y el Estado por la ley de Medios.
Escribe Gabriela Cerruti (*)
La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522) luego de 4 años de idas vueltas. Esta ley es más que una bandera del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es prácticamente un manual de cómo es que debe actuar en democracia el poder Ejecutivo.
El proceso se inició en el 2009 cuando la presidente anuncio que se iba a acercar un ante proyecto de ley en reemplazo del decreto/Ley de Radiodifusión 22.285 sancionado en 1980 durante la última dictadura, a Foros participativos de consulta pública que se realizarían a lo largo de todo el país. Luego de 5 meses de debates, charlas, agregados y ediciones se presentó el proyecto al Congreso de la Nación que inició su debate por dos meses hasta que tanto la cámara baja y la alta promulgaron la ley en octubre.
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El Grupo Clarín, el mayor afectado por la ley, no demoró en apelar frente a la justicia alegando que los artículos 41 y 61 de la Ley 26.522 eran inconstitucionales y el juez Carbone dictó una medida cautelar a favor de Clarín.
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A partir de ese momento la discusión de la ley pasó a un terreno de "legalidad" que no tuvo nada que ver con la iniciativa democrática que manifestaba. Cuatro años de apelaciones, cautelares, recursos extraordinarios, per saltums y audiencias públicas hicieron falta para que la Corte Suprema declarara constitucional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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El martes, cuando la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su fallo, fue un día en que la democracia demostró tener los instrumentos institucionales para poder promover la igualdad, pero a su vez deja muchos interrogantes sobre cuáles los alcances del poder económico corporativista por sobre los derechos de los ciudadanos.
(*) Gabriela Cerruti es legisladora porteña e integra el bloque de Nuevo Encuentro.
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