Hay que parar la Ley de Blanqueo
Amparado en el artículo 20 de esa ley, el Poder Ejecutivo prorroga los plazos previstos sistemáticamente, volviendo una situación anómala y excepcional en un instrumento indecente y permanente. De hecho hoy, en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció que extiende el blanqueo por otros tres meses.
Ahora mismo, si alguien quiere sacar de la clandestinidad su dinero no declarado e introducirlo en el circuito legal, la AFIP no puede siquiera preguntarle el origen de sus fondos. Así lo establece la normativa que plagada de contradicciones, imperfecciones y lagunas impuso la Presidenta con la oposición de, entre otros partidos, el radicalismo.
Bajo los eufemismos de "plan, beneficios impositivos, inversión", Argentina mantiene el portón abierto para que delincuentes vinculados al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas puedan "blanquear" su dinero en el circuito legal de la Argentina sin riesgo alguno.
El Gobierno ha construido un refugio fiscal para los delincuentes de escala internacional que, según estadísticas de las Naciones Unidas, manejan sumas superiores a los 450.000 millones de dólares por año.
Cuando los pronósticos y escenarios planteados son negativos, preferiría equivocar mis análisis, pero esta vez cuando hace trece meses señalé la perversidad de la medida, lamentablemente acerté.
Hay indicios concretos, por caso la conversación telefónica entre dos personas que fueron procesadas en el Juzgado Federal Penal de Lomas de Zamora por narcotráfico es escalofriante:
-Che, Antonio, ¿viste el tema del blanqueo?
-Si, increíble, ¿no?
-Si. Que loco ¿no?
-Sí.
-Después hablemos, porque si va a salir eso, tenemos que hacer algo, tenemos que tener un buen producto. Necesitamos tener alguna mercadería si esto funciona bien, ¿entendés?
Yo sé que esto va a funcionar. ¡Cómo no va a funcionar si necesitan blanquear la plata de ellos!
Otra evidencia es la acción del juez Ercolini que está investigando al presidente de la UIF, José Sbattella, a raíz de la denuncia que presenté junto a los diputados Lousteau y Sánchez, por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que en 2009, durante el anterior jubileo impulsado por el gobierno de la Presidente Kirchner -la llamada ley de repatriación de capitales- entre las 35.000 personas que blanquearon más de 18 mil millones de pesos, estaba Mauricio Álvarez Sarría, quien blanqueó en julio de ese año la suma de 4.453.000 pesos. Álvarez Sarría y su círculo familiar, incluido su padre Ignacio Álvarez Meyendorff (detenido en 2011 en Argentina y extraditado a Estados Unidos el año pasado bajo la acusación de ser uno de los mayores financistas del cartel del Norte del Valle de Colombia y jefe de una banda que traficaba cocaína en submarinos), estaban bajo la lupa de la justicia por el delito de lavado de dinero procedente de sus actividades.
Este segundo blanqueo del mismo Gobierno, caso único en la historia, evidencia que hoy la Argentina no es confiable para las inversiones serias al permitir la llegada al país de dinero sucio proveniente de actividades ilícitas reprobadas en todo el mundo.
La renovación de este "plan fiscal" es una vergüenza para el país y una oportunidad para el crimen transnacional organizado.
Hay que dar un giro urgente. En un país donde las ideas, estrategias, discursos y políticas cambian hora a hora, el gobierno mantiene inalterables solo dos objetivos: un blanqueo que se volvió un refugio fiscal para delincuentes a escala, y una búsqueda incansable de impunidad para después de 2015.
(*) Ernesto Sanz es diputado nacional y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
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