Luis Sacca, diputado nacional por la Unión Cívica Radical asegura que el paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso enmascara el sometimiento de la Justicia.
Escribe Luis Sacca (*)
Los proyectos de ley sobre la Justicia, que estamos tratando en el Congreso, no son proyectos individuales. Forman parte de un claro paquete de leyes que implican un programa propuesto por el Ejecutivo nacional para reformar uno de los poderes del Estado: el Judicial.
Como toda reforma debe formar parte de un proceso. No puede ser una iniciativa discutida y aprobada en 24 horas como hicieron en la última sesión. No sólo es una vergüenza tratar de realizar un trámite exprés sobre semejante tema, es una vergüenza que no se dé el debate suficiente a proyectos que, analizados todos, no solo el que estamos discutiendo -porque forman parte de un todo- que atañen la letra de la constitución y su competencia ya que se trata de la reforma de un poder del Estado.
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Camuflada de buenas intenciones, como la transparencia de los actos del poder judicial, con la cual no se puede estar en desacuerdo, la iniciativa hace ruido. ¿Cómo puede hacer tanto ruido algo sobre lo que supuestamente ni debería haber desacuerdo, como es el tema de la transparencia? Es simple: las intenciones no son transparentes.
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Quienes proponen estos proyectos no son transparentes, los tiempos de discusión no son transparentes, que no se pueda cambiar una coma no es transparente, estamos en un contexto que exige mesura en la acción, debate, reflexión profunda; no imposiciones. Hay temas públicos que no están resueltos en términos de transparencia, y cuyo actor principal es justamente el Poder Judicial: sería irresponsable como diputado sino me preguntara: ¿Por qué tanto apuro en este paquete de leyes cuando la Justicia debe investigar temas que son de público conocimiento y que involucran al Ejecutivo? Hace mucho ruido. Hay una sociedad crispada a las puertas de la casa de gobierno, hay reclamos en las calles inundadas por las sospechas de corrupción en la obra pública, y en el medio de todo esto, hay sospechas de que estas iniciativas para con la Justicia, pueden influir negativamente en la libre decisión de los jueces y fiscales en su accionar para investigar delitos, tal cual lo vengo argumentando.
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En estas condiciones no están dadas las condiciones para que la legitimidad del objetivo perseguido por el Ejecutivo sea convertida en leyes del Estado. Se necesita más tiempo y más personas de la sociedad civil debatiendo estos temas, para consensuar, en un marco amplio y plural, este tipo de decisiones que van a fijar pautas de procedimiento institucional para los próximos años.
Aunque nos tocó tratar proyectos que en una primera lectura tienen consenso (publicidad y transparencia en la gestión judicial) el paquete completo de medidas sólo apunta a construir un Poder Judicial subordinado a las mayorías políticas circunstanciales minando el principio constitucional de equilibrio entre los poderes del Estado. Asistimos con profundo dolor a la muerte de la República y al inicio de una tiranía.
Con la multitudinaria marcha en varias ciudades de nuestro país, quedó sellado el divorcio definitivo entre el oficialismo y la clase media. Esa clase media que trabaja y hace mover a nuestra Argentina.
El oficialismo logró que Diputados diera media sanción a tres proyectos que ordenan la publicación a través de Internet de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los jueces, y las resoluciones de la Corte Suprema y los tribunales superiores del fuero federal, además de acceso por concurso al Poder Judicial.
Sin embargo, los puntos más polémicos se trataron en la Cámara Alta, donde los senadores oficialistas lograron aprobar ajustadamente la modificación del Consejo Asesor de la Magistratura que pasaría a estar controlado absolutamente por el poder político y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación. Estas iniciativas pasan ahora a Diputados. Los seis proyectos forman un paquete cerrado para el oficialismo, que con el maquillaje de propuestas progresistas enmascara el sometimiento de la Justicia en una búsqueda desesperada de impunidad. Y en este intento arrasan un orden institucional que nos costó siglos construir.
Por el contrario, la participación de actores y referentes, de especialistas y técnicos, que lamentablemente no han sido convocados para esta discusión exprés, le daría legitimidad a las iniciativas, que a mi entender, no las tienen actualmente.
(*) Luis Sacca es diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR)
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