La reforma judicial tendrá consecuencias negativas para la sociedad
El diputado nacional por la Unión Cívica Radical asegura que la reforma impulsada desde el gobierno nacional "es un retroceso para las instituciones del país" y llamó a la oposición a asumir la responsabilidad de poner un freno a estas iniciativas.
La limitación de medidas cautelares es también absolutamente cuestionable desde el punto de vista de la defensa del derecho de los ciudadanos respecto del Estado. En realidad, en lugar de limitar en el tiempo las medidas cautelares una reforma judicial debería haber impulsado un funcionamiento más ágil de la Justicia, situación que no tiene nada que ver con el proyecto aprobado.
Más allá de estas cuestiones vinculadas con el proyecto de reforma judicial resulta tremendamente preocupante la actitud del gobierno al impulsar una iniciativa de esta naturaleza, es por demás evidente que el Poder Ejecutivo ha decidido hacer todo lo necesario para condicionar el funcionamiento de la Justicia.
Esta posición peligrosa del gobierno representa un retroceso fundamental para un país que necesita mejorar la calidad de las instituciones y para una sociedad que reclama mayor transparencia y equidad.
El gobierno debería comprender que a 30 años de recuperada la democracia los argentinos podemos aspirar a avanzar en esta dirección en lugar de tener que padecer decisiones políticas que, entre otras cosas, atentan contra la posibilidad del crecimiento y desarrollo.
Una dudosa o incorrecta administración de justicia, generada por la importante limitación que significa la influencia del poder político sobre la misma, pone en cuestión los derechos de cada ciudadano pero además genera un estado de desconfianza e inseguridad que limita de manera categórica el desarrollo de la economía al entorpecer la inversión.
La inversión, tanto externa como interna, reclama previsibilidad y cuando esta no se da, inexorablemente desaparece.
El oficialismo debió haber considerado que los argentinos necesitamos una mayor reactivación de la economía, de lo contrario no podemos superar el núcleo duro de la pobreza y la desocupación, ni ponerle limites a la inflación.
No hay país en el mundo que pueda resolver estas cuestiones sin inversión, por lo que el kirchnerismo no debió haber propuesto una reforma de esta naturaleza impulsada por la ceguera que genera en el gobierno el enfrentamiento irresponsable que mantiene con algunos ámbitos de la Justicia.
El tratamiento irregular y autoritario que el oficialismo impulsó en la Cámara es un hecho bochornoso que podría ser considerado nada más que una anécdota si no fuera porque demuestra la obstinación del gobierno de imponer este proyecto.
La actitud del bloque del Frente Para la Victoria, que evidentemente recibía órdenes del gobierno, de aprobar el proyecto a costa de lo que fuera degrada el funcionamiento del Congreso.
Cuando una ley debe ser tratada en particular y en general no hay porque someter a la Cámara al intento de evitar esta condición por no asumir el riesgo de no contar con los votos para aprobarla, esta es la única explicación por la que el bloque del FPV intentó por todos los medios que se pudiera votar en general y en particular de una sola vez, no hay otra explicación.
Quienes pertenecemos a la oposición, y en especial quienes militamos en partidos de larga trayectoria democrática, tenemos la responsabilidad y obligación de poner freno a este tipo de actitudes porque nos debemos a una sociedad que todos los días construye el país con su esfuerzo y reclama más seriedad, responsabilidad y transparencia.
(*) Miguel Bazze es diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR)
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