El diputado nacional por la Unión Cívica Radical analiza las claves de la eximición a los biocombustibles aprobada por el Congreso de la Nación días a trás.
Escribe Miguel Giubergia (*)
La modificación de las leyes 23966 y 26028 con el fin de promover el desarrollo de la producción de los biocombustibles son medidas provisorias, a muy corto plazo, que no contribuirán a mantener una cierta estabilidad en el tiempo para el desarrollo de esta actividad.
Según el gobierno es fundamental poder avanzar en medidas tendientes a continuar con la promoción de la industria, mejorar la competitividad del sector, desarrollar las economías regionales y coadyuvar al desarrollo sustentable del país, pero para que esto suceda realmente deberíamos adoptar estas medidas a mayor plazo, que permitan que la actividad pueda llevarse a cabo de manera continua en el tiempo, sin soluciones pasajeras, que no terminan beneficiando a nadie.
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La excepción del pago de impuestos a los combustibles y a la transferencia onerosa de combustibles sobre el gasoil importado, ha provocado una asimetría en los precios con el combustible y la energía generados de manera local. Ello provoca que los importados tributen hasta un 41% menos que los de producción local.
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Desde el radicalismo hemos presentado una disidencia parcial al proyecto presentado por el Ejecutivo, que sin afectar su espíritu en general, pueda servir a mantener la competitividad de un sector dinámico de la economía regional.
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La iniciativa oficialista establece que el impuesto, previsto por la ley 23966 en su artículo 4, estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente gravado, estableciendo como fecha tope para mantener esta situación hasta el 31 de diciembre de 2015. Si bien el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de poder prorrogar dicho plazo en caso de considerarlo necesario, nosotros entendemos que a fin de lograr un funcionamiento sostenible del mercado en el tiempo, debería establecerse un plazo mayor, debido que ya hemos presenciado demasiadas tomas de decisiones económicas a corto plazo que no han dado una solución cierta a los problemas que se generan en el país.
Un ejemplo de ello ha sido la ley 26860 por medio de la cual se crearon los BAADE y los CEDINES, con el fin de lograr con los primeros el blanqueo de dólares que se encontraban en el exterior, y con los segundos reactivar la industria de la construcción. No se necesita mucho para decir que estas medidas tuvieron como resultado un rotundo fracaso, ya que las cifras logradas fueron sumamente inferiores a las esperadas por el gobierno.
Para nosotros está claro que la crisis energética en nuestro país existe, y ya lo hemos manifestado en innumerables oportunidades al debatir sobre el tema. Creemos indispensable, a los fines de proteger al sector, que la excepción a la aplicación del impuesto enunciado en el artículo 1 de la ley 26028, sea extensiva a la producción de biodiesel que fuera utilizado como combustible líquido en todos los ámbitos posibles.
(*) Miguel Giubergia es diputado nacional por la Unión Cívica Radical
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