La economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular analiza las condiciones en las que la Argentina encara la apertura de negociaciones con el club de París.
Escribe Luciana Sosa (*)
En enero de este año, Axel Kicillof, presentó ante el secretario general del Club de París una serie de principios básicos entendidos como la base de una posible propuesta de pago de la deuda que Argentina aún mantiene con gran parte de los acreedores de ese agrupamiento de naciones acreedoras. En los últimos días, se conoció la respuesta por parte de la secretaria del foro internacional en la cual se convoca a la Argentina a iniciar las negociaciones de regularización de los pasivos a partir de fines de mayo.
La Argentina mantiene con 16 de los 19 miembros del Club una deuda de 9 mil millones de dólares, la cual encuentra su origen en el año 1956, cuando el gobierno de Aramburu pidió prestados unos 700 millones de dólares. Otro antecedente de esta deuda tiene que ver en gran parte con las obligaciones financieras que fueron adquiridas en la última dictadura militarpara costear armas y para la realización de obras de infraestructura, que nunca se llevaron a cabo. Desde que asumió Néstor Kirchner como presidente de la Nación, el Gobierno Nacional sostuvo como nunca antes una fuerte política de desendeudamiento soberano, y fue así que tanto en 2005 como en 2010 se pudo reestructurar la mayor parte de los compromisos que nuestro país poseía. En ese entonces, las negociaciones para regularizar la cuenta con el club de París nunca pudieron ser concretadas debido, principalmente, a la presencia del Fondo Monetario Internacional como auditor de las mismas.
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A pesar de que aún no se conocen en forma específica los contenidos que podría llegar a tener la propuesta de pago que será negociada próximamente, los lineamientos de la misma según el borrador presentado en el primer encuentro implican la aceptación de pagos en cuotas, tanto en concepto de intereses como capital, en un plazo no mayor a cinco años.Además, se ratifica la no intervención del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que se llevarán a cabo, así como también la negativa a cualquier tipo de condicionalidad en materia de política económica que ponga en peligro la sustentabilidad del desarrollo económico del país.
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Tal como lo mencionó la presidenta Cristina Kirchner días atrás, los beneficios que podría acarrear una exitosa negociación con el Club de París tienen que ver principalmente con el estímulo a la actividad económica al activarse otra vez ciertos mecanismos de crédito que hasta ahora se mantienen bloqueados por la falta de acuerdo.La voluntad de pago demostrada a través de la estabilización del mercado cambiario y el nivel de reservas, permite a la Argentina negociar con sus acreedores en términos favorables para el fortalecimiento económico del país. Tras diez años de elevado y sostenido crecimiento del producto, es necesario fomentar un flujo de inversiones saludable que permita concretar los desafíos que se le presentan a un país que quiere industrializarse.
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Las primeras señales de que ambas partes parecen transitar por el mismo camino, son la aceptación de la negociación en condiciones no tradicionales, ya que, por lo general, el club exige a sus deudores el pago total de los compromisos en efectivo o través de un programa de financiamiento del FMI, lo que implica aceptar las ya conocidas recetas mágicas en materia macroeconómica que lamentablemente Argentina experimentó en un pasado no tan lejano.
Con el sentido de fortalecer los lazos comerciales entre Argentina y Francia, el presidente François Hollande, luego de la visita que nuestra jefa de Estado realizó al país europeo días atrás, anunció que su gobierno apoyará y hará todo lo posible para que las negociaciones con los acreedores puedan llevarse a cabo sin inconvenientes. Muchas empresas radicadas en países acreedores del Club están interesadas en invertir en distintos proyectos productivos en nuestro territorio, sobre todo las relacionadas a la explotación de combustibles, como Total que decidió incrementar las perforaciones off shore, aspecto asociado a la recuperación que está demostrando YPF.
Una vez más, la gestión política y económica que lidera Cristina Kirchner demuestra que, además de hacerse cargo de deudas contraídas por mandatos anteriores al suyo sin ningún fin productivo, preside políticamente un país que cumple con sus compromisos externos, para contrarrestrar operaciones de prensa que critican una presunta falta de previsibilidad o reglas claras en Argentina. Y, lo más importante, encabeza este proceso sin dejarse imponer recetas de ajuste contrarias al desarrollo económico con inclusión social al que aspira dejar como legado permanente para los próximos años. (*) Luciana Sosa es economista y miembro del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
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