Pingüino mata buitre
El economista Sergio Chouza señaló que "esta activa respuesta del gobierno nacional es otra muestra de soberanía económica ante este revés judicial de una Corte estadounidense".
Por Sergio Chouza*
En primer lugar es esencial comprender la relevancia para la estabilidad del sistema financiero internacional de que no se anule la posibilidad de gestionar renegociaciones de deuda soberana.
Esta realidad fáctica del funcionamiento global de los mercados no conlleva un enfoque latinocéntrico" ni una mirada de victimización, propia de una visión de país periférico frente a los grandes centros financieros. El ambiente de creciente volatilidad en los mercados mundiales, tras la acentuada crisis económica mundial, provoca que economías aparentemente blindadas por el escudo del Euro queden en jaque. Como botón de muestra, el impactante default de Grecia en 2012 por un monto superior a los U$S 170.000 millones aún genera coletazos en la economía
real: la troika acaba de anunciar el despido masivo de más de 12.000 empleados públicos en áreas sensibles como Educación y Defensa.
En materia de deuda, nuestro país, en la primera negociación del año 2005, sentó las bases de un proceso de reestructuración prolijo, respetuoso de los ahorros adquiridos pero a su vez realista en cuanto a sus posibilidades de repago. Por ende, se buscó atraer a los ahorristas ofreciendo como aliciente una participación conjunta en el crecimiento del país. Esto se tradujo propiciando como opción de canje la entrega de bonos atados al crecimiento económico. La estrategia funcionó a la perfección. Entre el 2005 y la segunda reapertura de negociaciones, en el año 2010, se adhirieron el 93% de los tenedores de deuda argentina. El cupón PBI se activó en 6 de los 5 años siguientes,
debido al fuerte proceso de crecimiento de nuestra economía, y por ende gatilló pagos para todos los años exceptuando el de 2010, por la desaceleración del 2009.
La novedad de esta semana es la respuesta Argentina ante el fallo del pasado día viernes de la Cámara de Nueva York, el cual convalida la decisión del juez Griesa de exigir a nuestro país el pago de la totalidad del capital adeudado más los intereses cargados por el plazo transcurrido. La pronta respuesta, anunciada en Cadena Nacional por nuestra Presidenta, tuvo dos ejes resonantes:
• Se reabre la oferta de negociación para aquel 7% de bonistas que no aceptaron las dos propuestas previas de reestructuración de sus acreencias en bonos. No diferirán las condiciones de quita, que en promedio rondan el 66% del monto original, y que hasta ahora implicaron para el Estado Nacional un ahorro de casi U$S 80.000 millones. La clave de esta nueva propuesta de canje será la credibilidad internacional de nuestro país, ganada después de más de ocho años de cumplimientos a rajatabla en el pago de cada vencimiento.
• Por otro lado, se propone un cambio en las características de emisión de los bonos en cartera de quienes se hayan plegado a las condiciones de quita de las dos primeras negociaciones. Esta medida no es más que una señal de buena voluntad hacia quienes se sumaron a la reestructuración voluntaria, con el propósito de mostrar el compromiso irrenunciable del Estado Argentino de honrar sus compromisos.
Esta activa respuesta del gobierno nacional es otra muestra de soberanía económica ante este revés judicial de una Corte estadounidense que nuevamente vuelve a priorizar intereses especulativos por sobre la estabilidad del sistema financiero internacional.
La apuesta del equipo económico de la presidenta Cristina Fernández ya presentó sus primeros resultados positivos: en la plaza financiera local. Al momento del anuncio se incrementó el diferencial entre los bonos nominados bajo normativa local (Bonar X) contra los regidos por legislación neoyorquina (Global 2017), cuyo precio cayó por segundo día consecutivo. Que los inversores encuentren en los bonos liquidables en Argentina una opción que minimiza el riesgo de crédito es una buena señal de los mercados en pos de la prosperidad del nuevo canje a iniciarse.
Las primeras voces de aquellos opositores que buscan que al país le vaya mal ya se hicieron oír. Uno de los principales economistas del PRO, Carlos Melconián, manifestó su rechazo a denominar como "buitres" a aquellos fondos de inversión que compraron por centavos los títulos de deuda argentina y ahora reclaman su valor original: "son tipos que de buena voluntad compraron títulos para ahorrar", consideró el fallido candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires.
Lo paradójico es que la crítica oportunista parte de los mismos sectores que fogonean continuamente la reinserción de nuestro país en el circuito financiero internacional, volviendo a emitir deuda. Estos actores hoy intentan capitalizar el fallo, teñido de una impronta pro lobby especulativo, en vez de abroquelarse al reclamo soberano encarado por este Gobierno desde 2003. Son los mismos sectores que después se rasgan las vestiduras pidiendo dejar de lado la confrontación.
Lo cierto es que, desde 2003, Argentina tiene un Gobierno fuerte que encara de frente una deuda histórica y sigue generando alternativas de negociación, afianzando la credibilidad del país. Y asumiendo el compromiso de pagar en tiempo y forma deudas que generaron otros, muchos de los cuales hoy especulan políticamente con el fallo, entendiéndolo como una derrota del Gobierno y no como un triunfo del lobby financiero internacional que ellos contribuyeron a consolidar.
* Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
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