MinutoUno

Redistribuir los recursos

Integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular, Lucía Giambroni analiza el contexto de la baja de los subsidios al gas y el agua y las críticas de la oposición.

Escribe Lucía Giambroni (*)

Frente al anuncio del redireccionamiento de los subsidios es necesario hacer algunas consideraciones frente a mucho de lo que se ha dicho últimamente, asociando el anuncio a un presunto ajuste por parte de un Gobierno que, si por algo se ha destacado todo este tiempo, ha sido precisamente por evitar ajustes aún ante un contexto externo adverso y presiones internas para obrar en tal sentido.

Técnicamente se trata en una reducción escalonada de los subsidios a los servicios de gas y de agua. Escalonada, porque se hará de acuerdo al consumo en el caso del gas, y a la zona de residencia –por barrios- en el del agua.

Por el servicio de gas, para el 55% de los hogares afectados la medida corresponde a un incremento de entre $0,66 a $1,5 por día -importe menor a un pasaje de subte-. Y para el 45% restante, que son los hogares de mayor consumo, un incremento promedio de $5 diarios. Para el servicio de agua, el 65% de los hogares afectados corresponde un incremento de entre $1,2 a $2 por día. Y para el 35% restante, uno promedio de $2,6 diarios. Observar el incremento de esta manera permite analizarlo desde el valor relativo y no nominal, es decir, relacionándolo con el gasto en el consumo de otros bienes y servicios.

Al anunciar la medida, el Ministro de Economía Axel Kicillof habló de redireccionamiento, y esto es el eje central. Porque esta modificación responde a objetivos redistributivos. La política de subsidios adoptada desde 2003 en adelante tiene hoy un contexto distinto, y eso debe reconocerse. Saliendo de la crisis de 2001, con empresas llevadas a la quiebra y tarifas dolarizadas, fue necesario para fortalecer al mercado interno –y junto a ello el poder de compra, las condiciones de vida, el empleo, etc.- reduciendo la cantidad de dinero que las familias destinaban a pagar los servicios para que pudieron volcarlo al consumo. Es decir, los subsidios actuaron como un salario indirecto que cada ciudadano recibía en su factura.

Si bien la situación económica y social del país ha mejorado ampliamente a lo largo de la última década, esta política de subsidios prácticamente no fue modificada pese a que los ingresos y las capacidades para acceder al servicio aumentaron en todos los sectores sociales. La decisión entonces ha sido, considerando este nuevo contexto, canalizar ese esfuerzo que hace el Estado a través de los subsidios –y por Estado entendamos cada ciudadano a través de sus impuestos- hacia los sectores más vulnerables.

Desde el anuncio, lo que el Estado deja de gastar en subsidios será destinado específicamente a los programas PRO.GRE.SAR y Asignación Universal por Hijo, para continuar apuntalando el ingreso y específicamente el poder de compra de estos sectores, que estarían recibiendo un doble beneficio: por un lado, la recepción de una asignación familiar exime a la persona de ser alcanzada por la reducción del subsidio, es decir que lo mantienen completo, y por otro lado, los programas antes mencionados se verían nutridos por el ahorro que esta reducción le implica al Estado.

Pero además existen otros elementos que permiten descartar de lleno las declaraciones que hablan de "tarifazo" o hasta "cambio de rumbo". Por un lado la lista de salvedades para que no se efectúe la reducción contempla múltiples y diversas situaciones en las cuales una reducción en el subsidio constituiría un impacto muy alto. Además, existe la posibilidad de conservar la totalidad del subsidio si se reduce el consumo, es decir que se estimula al usuario a efectuar una utilización medida y responsable del recurso. De hecho, nuestro país tiene un consumo residencial de gas natural notoriamente superior al existente en el resto de la región. Por tanto, si hay un compromiso individual de reducir el consumo, el usuario es premiado con la percepción de la totalidad del subsidio. Pero de ser el caso mayoritario, no solamente existe el beneficio personal, sino que el país en conjunto se vería beneficiado ya que se reducirían los montos de importación de gas natural, aliviando así la balanza comercial.  

Por último, es importante destacar que la medida no alcanza a las industrias, por lo cual se protege la competitividad de la producción, pero a su vez se evita que un aumento en el costo pueda reflejarse en los precios. Sin embargo, tanto el ministro de Economía como la Presidenta, han hecho especial énfasis en que existirá una supervisión para que las compañías retribuyan este esfuerzo. En caso de que se observen actividades tales como desabastecimiento o aumentos injustificados en precio, los subsidios serán retirados.

Si analizamos las críticas recibidas tras el anuncio, sorprende un poco ver que provienen de los mismos sectores y referentes que desde hace años identifican como el fruto de todos los males el gasto que hace el Estado en subsidios y políticas redistributivas. Por tanto, antes de atender a críticas tendenciosas y eternamente contradictorias, hay que considerar el beneficiario final, que no es más que el pueblo argentino y, fundamentalmente, los sectores más vulnerables.

(*) Lucía Giambroni es profesora de Historia del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

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