El PRO logró firmar esta semana el despacho del proyecto que autoriza a la empresa IRSA a construir un shopping en el barrio de Caballito, a pesar de la fuerte oposición de vecinos y comerciantes. Es la tercera vez que el Ejecutivo porteño ingresa esta iniciativa a la Legislatura, en lo que va de la gestión macrista.
Este proyecto contiene un grave problema respecto a los títulos de propiedad. Esta es una supuesta venta que el Estado Nacional le hizo al Club Ferro Carril Oeste y éste, a su vez, a IRSA, pero en el certificado de dominio no aparece el club; figuran tan sólo el Estado Nacional y, luego, Alto Palermo Sociedad Anónima. Pero no hay ninguna ley que avale esto; es decir, que se está violando la Constitución Nacional –art.67, inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y reformas y art. 75, inc. 5º de la de 1994-. Como legisladores, no podemos convalidar esta situación que configuraría un delito.
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Ni el certificado de dominio del predio en cuestión ni el texto de la iniciativa del Jefe de Gobierno porteño explican cómo es posible que un predio, perteneciente originariamente al dominio público del Estado Nacional Argentino, llegue a manos de IRSA. Lo cierto es que, en una Asamblea de socios del Club Ferro Carril Oeste, se aprobó la venta del terreno por 6,5 millones de dólares a una empresa que, con el tiempo, resultó ser IRSA. Aún no está claro en carácter de qué, el Club FCO ocupó y vendió esas tierras, ya que no existe ley del Congreso Nacional que las haya transferido.
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Tratándose de un barrio donde se ha sobreconstruido, que tiene una de las más altas densidades de población y, durante los períodos de mayor consumo, falta la luz y el agua, no se ha estudiado debidamente el impacto ambiental que un emprendimiento comercial de esta envergadura podría generar.
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Los intereses de IRSA claramente no se corresponden con el interés público de la Comuna 6, dentro de la que se encuentra el barrio de Caballito. Hace dos semanas, el Consejo Consultivo Comunal emitió un comunicado oponiéndose a la construcción del shopping. Por otro lado, en el año 2006, el entonces Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, le pidió a AySA un estudio del estado del servicio de cloacas que incluía al barrio de Caballito -Decreto Nro. 1929/06-. La evaluación arrojó el siguiente resultado: las cañerías se encontraban -ya por esos años- disminuidas en un 60 u 80%, trabajando en situación de stress e incapaces de soportar la demanda global inmediata. El informe fue entregado, el 8 de octubre pasado, al ministro Diego Santilli.
Todos los representantes de los comercios, FECOBA y CAME dicen que este proyecto los perjudica. Como Legislatura estamos tratando muy mal a los comerciantes porteños; no sólo no los estamos escuchando sino que tampoco estamos atendiendo los intereses de este importante sector de nuestra comunidad, que financia, con sus impuestos, la mayor parte del presupuesto de la Ciudad.
Las PyME generan en la Ciudad 230.000 puestos de trabajo contra 15.000 de los shoppings. Actualmente, en muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos –creadores de la idea de los Mall-, se está abandonando esta modalidad de comercio debido a los daños que genera al entorno.
Vecinos, comerciantes, representantes de ONG's, FECOBA y CAME participaron al inicio de la Comisión. El pedido fue unánime: que se postergue el tratamiento del proyecto hasta tanto se realicen todos los estudios correspondientes, que permitan evaluar los efectos de la implantación de este centro comercial. A pesar de ello, el PRO firmó un despacho de mayoría que autoriza la construcción del shopping.
(*) Adrián Camps es legislador de la Ciudad de Buenos Aires (UNEN)
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