En un dictamen sin precedentes en la Justicia argentina, una fiscal contravencional porteña pidió la prisión preventiva de un menor de edad por portación ilegal de armas, pero el juez a cargo del caso debió rechazarla porque no había “lugar adecuado” donde alojarlo en la ciudad de Buenos Aires.
A cuatro meses de la sanción de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil porteña, que permite este tipo de pedidos, por primera vez una fiscal, Silvia Mónica Di Nápoli, reclamó la prisión preventiva de un menor por portar un arma ilegal en la vía pública.
El hecho por el que este joven está siendo juzgado ocurrió el 27 de febrero pasado, cuando fue encontrado en la vía pública con un arma calibre 32 largo cargada con cuatro balas que llevaba escondida en la cintura de la bermuda.
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Tras su detención, se descubrió que el menor se había fugado del Instituto Roca el 24 de noviembre pasado, donde estuvo alojado por orden del Tribunal Oral de Menores 3 por otro delito.
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En su pedido de prisión preventiva, la fiscal basó su pedido en que el menor carece de arraigo, ya que al llevarlo al domicilio donde decía vivir "nadie lo conocía" e, incluso, fue imposible ubicar a su madre.
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El juez en lo contravencional porteño 19, Carlos Horacio Aostri, consideró que "existen serios y fundados motivos para suponer que, en caso de mantenerlo en libertad, el chico intentará eludir la acción de la justicia", pues tuvo en cuenta que el menor ya estuvo prófugo por otra causa.
"Con estos elementos considero que se encuentra debidamente justificada la procedencia de la prisión preventiva, pues no aparece ninguna otra medida alternativa" que "resulte suficiente como para asegurar la presencia (del menor) en el proceso", resolvió el magistrado.
Sin embargo, el juez Aostri aseguró que "a más de cuatro meses de su promulgación (de la Ley Penal Juvenil), nada se ha hecho en el mundo real, los centros especializados no existen en el ámbito de esta ciudad y entonces no hay lugar adecuado donde ejecutarla".
En su resolución, el juez le advirtió a las autoridades "legislativas y judiciales de esta Ciudad para que en el marco de sus competencias arbitren los medios necesarios" para resolver este tipo de situaciones, las cuales "no pueden perdurar por mucho más tiempo, máxime atento al inminente traspaso de mayor competencia penal".
En cuanto al menor, se resolvió someterlo a un régimen de vigilancia de la asesoría general tutelar, que se presente cada diez días ante la fiscalía y que no se ausente de su domicilio por más de 48 horas.
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