Una ex secretaria de la Fundación declaró que la titular de la ONG conocía "la totalidad de las operaciones, cobros, pagos y otras gestiones" que se realizaron.
Hebe de Bonafini
La ex secretaria administrativa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aseguró este viernes a la Justicia que su titular, Hebe de Bonafini, conocía "la totalidad de las operaciones, cobros, pagos y otras gestiones que se realizaron", en el marco de la causa por supuesto desvío de fondos públicos en la entidad.
Patricia Beatriz Alonso se presentó a declaración indagatoria ante el juez federal Norberto Oyarbide, donde negó las acusaciones en su contra y, mediante un escrito, contó cuáles eran sus tareas "como secretaria ejecutiva y técnica contable" desde 2001.
"No me cabe duda alguna de que la señora Hebe Pastor de Bonafini conoció por intermedio mío y por el de otros empleados de la Fundación la totalidad de las operaciones, cobros, pagos y otras gestiones que allí se realizaron", sostuvo la mujer.
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Alonso explicó que tenía su despacho a pocos metros de los de Bonafini y del ex apoderado Sergio Schoklender, y que la Universidad de las Madres, que funcionaba en esa sede, estaba "aprobada por la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria y el Ministerio de Educación" y "se iba a solventar con la venta de paneles" destinados a la construcción de viviendas sociales en el plan "Sueños Compartidos".
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"El excedente que se tenía debía venderse a efectos de cumplir con el mencionado objetivo", añadió la mujer, quien dejó abierta la posibilidad de que el dinero público que, según Oyarbide, habría sido desviado de "Sueños Compartidos" hacia los bolsillos de los imputados, podría haber sido destinado a financiar otras actividades de la Fundación.
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Además, la imputada aportó documentación sobre otros gastos que se habrían realizado desde la Fundación, relacionados con viajes al exterior y pagos de servicios del departamento de Alejandra Bonafini, hija de Hebe, cuya venta también aparece ahora investigada por la Justicia.
Sergio Schoklender, su hermano Pablo (ambos ex apoderados de la Fundación) y el contador Alejandro Gotkin fueron liberados el viernes pasado luego de que la Cámara Federal les redujera a 40 mil pesos las millonarias fianzas que Oyarbide les había fijado para quedar excarcelados. Los tres están acusados de liderar una asociación ilícita que desvió fondos de la Fundación que el Gobierno les giró para construir viviendas sociales.
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