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¿Cómo es la "ley de medios" que impulsa Macri en la Ciudad?

Política

Por pedido del Ejecutivo porteño el legislador Oscar Moscariello remozó un proyecto de ley de 2009 que brinda su propia normativa en materia de medios de comunicación y que choca, en varios de sus puntos, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

¿Cómo es la ley de medios que impulsa Macri en la Ciudad?
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en respuesta a versiones periodísticas no confirmadas que auguraban una supuesta intervención del gobierno nacional al Grupo Clarín, no fue la única decisión del Ejecutivo porteño en materia de medios de comunicación.

La casi inmediata polémica que despertó el DNU "escamoteó" la decisión del gobierno porteño de avanzar en la sanción de una Ley de Medios para la Ciudad que en varios de sus puntos choca con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso de la Nación en octubre de 2009, al otorgarle al Ejecutivo porteño potestades que en la actualidad detentan organismos de alcance federal.

A pedido del Ejecutivo encabezado por Macri, el legislador Oscar Moscariello (PRO) remozó dos proyectos de ley que había impulsado sin éxito en 2009 y los volvió a presentar este martes para su tratamiento futuro en la Legislatura de la Ciudad.

Moscariello presentó en la Legislatura el proyecto de "ley de garantía de las libertades de expresión y prensa en la comunicación audiovisual" junto con los "Principios generales para garantizar el derecho de los habitantes de la Ciudad a comunicarse, requerir y difundir información a través de medios de comunicación sonora y audiovisual y transmisión de datos".

En su artículo 8° la iniciativa prevé la creación de la "Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP) con carácter de entidad estatal descentralizada, autónoma y autárquica, con autonomía funcional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica y con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, la cual realizará los actos y ejercerá los mandatos previstos en esta ley y sus reglamentos". Lo que se pretende es dotar a la Ciudad de su propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

"La ALIP -indica el artículo 9°- será la  Autoridad de Aplicación de esta ley. Deberá garantizar los principios, derechos y objetivos de la presente ley, haciendo cumplir las obligaciones correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en ella y en sus reglamentos".

Aunque incluye un capítulo sobre "Defensa de la competencia", el proyecto no prevé límites a la cantidad de licencias que pueda poseer un mismo grupo económico. El espíritu antimonopólico con el que nació la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no está presente aquí. Sí incluye, en cambio, un apartado especial sobre reparto de publicidad oficial.

Entre los puntos del proyecto que prometen despertar polémica en los próximos días, el proyecto del PRO sostiene que será la Ciudad la que disponga de la utilización del espectro radioeléctrico cuando se trata de un recurso vital que controla el Estado nacional en virtud de su importancia en materia de Defensa. La iniciativa avanza además en la posibilidad de que la Ciudad cobre regalías por este recurso que pertenece al Estado nacional.

El texto del proyecto asegura que "la utilización del espectro radioeléctrico en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) habilita a la Ciudad a la percepción de regalías o derechos de explotación. La Ciudad ejerce la competencia para su fijación, sin perjuicio de la competencia federal para el dictado de normas regulatorias de su uso, administración, gestión y control".

Asimismo, indica que "la facultad de la Ciudad de Buenos Aires de otorgar, suspender y determinar la caducidad de licencias para la explotación de radiofrecuencias cuya zona de cobertura alcance total o parcialmente su territorio indelegable".

Más adelante insta a la Legislatura a avanzar en "el dictado de las normas que regulen la prestación de servicios de difusión de señales, programas y contenidos audiovisuales (...) cuando la zona de cobertura se circunscriba a los límites territoriales de la Ciudad". En otras palabras, el PRO propone que la Ciudad avance en la redacción de una Ley de Medios para sí misma en detrimento de la normativa que regula a nivel nacional la actividad y que fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso Nacional.

Al avanzar en este sentido, la Ciudad fomenta también que cada provincia tenga su propia ley de Medios. Así, el artículo 6° de la iniciativa presentada por Moscariello prevé que "cuando la zona de cobertura exceda los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del servicio requerirá la suscripción del convenio interjurisdiccional que resulte pertinente".

Las iniciativas del macrismo no tienen aún fecha para su tratamiento en comisión, aunque se prevé que generará no poca polémica debido a la superposición de criterios con la normativa vigente a nivel nacional.

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