La Legislatura porteña debatirá la designación de jueces y fiscales
En sesión extraordinaria, se discutirá la incorporación de 56 nuevos funcionarios. Tendrán a su cargo sensibles causas contra el gobierno de la Ciudad.
La ampliación de la estructura del Poder Judicial porteño
será debatida por la Legislatura en sesión extraordinaria para incorporar 56
nuevos funcionarios, entre ellos 14 jueces y 20 fiscales, que tendrán a su cargo
sensibles causas contra el Gobierno del PRO, como amparos de vecinos, casos de
usurpación y venta callejera.
La sesión fue convocada para el 27 de este mes por el bloque macrista para que
el Parlamento vote, a través de una ley que requiere de una mayoría absoluta de
sufragios –esto es 31 manos alzadas de los 60 diputados- los nombramientos de
los jueces y fiscales que desde hace tres años se presentaron al llamado a concurso
y que en 2012 fueron postulados por el Consejo de la Magistratura porteño.
Según indicaron fuentes parlamentarias, los legisladores analizarán si dan el
aval a los pliegos que designan 14 nuevos magistrados para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad, además de una veintena de
fiscales del fuero Penal Contravencional y de Faltas (PCyF) y defensores y
asesores tutelares.
Si bien el aumento de los cargos para la Justicia porteña puede indicar una
mayor eficacia para su funcionamiento, algunos legisladores observaron con
reparo la nómina de los candidatos porque, por ejemplo, en el caso de los
jueces, serán los que tendrán que atender los amparos que presentan vecinos u organizaciones
barriales frente a acciones del Gobierno porteño con las que no acuerdan.
Hasta la actualidad, este tipo de reclamo recibió como respuesta medidas
cautelares favorables de parte de los magistrados, algo que molesta ya desde
hace tiempo al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, porque afectaron o frenaron,
en gran medida, algunas de sus iniciativas de gestión.
De hecho, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la semana
pasada cuestionó la decisión de un magistrado del fuero Contencioso,
Administrativo y Tributario, al señalar como "inentendible" el fallo que dio
lugar a un amparo de vecinos para detener las obras "por más de un año" sobre
la traza de la línea de subtes H, en el barrio de Recoleta.
"Estos jueces van a ser más acotados en su reconocimiento a planteos para
limitar las políticas del macrismo", dijo una fuente parlamentaria de la
oposición que relevó la lista de los postulantes.
Por otra parte, también será clave la designación de unos 20 fiscales del fuero
PCyF que, hasta hoy, está compuesto por 31 Juzgados, 12 Fiscalías, 8
Defensorías y dos Asesorías Tutelares y tiene entre sus competencias las
cuestiones donde la Ciudad sea parte.
Por ejemplo, actúan frente a contravenciones o faltas que tengan que ver con el
uso del espacio público, la libre circulación y el tránsito, con lo cual los
nuevos funcionarios manejarán causas que también representan temas de interés
dentro de la política del PRO, como los cortes en la vía pública, las
usurpaciones o las denuncias con los denominados "trapitos".
En el listado de postulantes a fiscales, en tanto, figuran algunos hombres del
derecho que conformaron una organización llamada "Unidos por la Justicia", que
fundó Francisco De Narváez en 2003 bajo la supervisión del hoy Fiscal General
de la Ciudad, Germán Garavano, y que según investigaciones periodísticas,
asesoró al Gobierno porteño en distintos temas.
Los pliegos de la totalidad de los aspirantes fueron analizados en noviembre
pasado en el marco de una audiencia pública en la Legislatura donde solamente
fue impugnado el aspirante a fiscal Cristian Longobardi por su rol durante el
desalojo ocurrido en diciembre del 2010 en el Parque Indoamericano, por el cual
murieron tres personas.
"Longobardi, como fiscal interino, hizo lugar a una denuncia y pidió el
desalojo del Parque y como ello no es un dato menor quisimos poner en debate el
hecho que haya cometido un error grave sin una apertura al diálogo que
permitiera salir de esa situación crítica", dijo a Télam la legisladora
Claudia Neira, quien objetó la postulación.
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