Mientras se esperan nuevas restricciones, la Ciudad insistió ante la Corte con las clases presenciales

Política

En el plano judicial la Ciudad sostiene que la presencialidad no aumenta la circulación pero en el plano político propuso ahora a Nación avanzar en una presencialidad administrada.

La Procuración de la ciudad de Buenos Aires realizó este jueves una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para ratificar la importancia de mantener las clases presenciales en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19. En ese mismo escrito, los abogados que representan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta advirtieron sobre una supuesta “falta de coordinación” entre el ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Nicolás Trotta, y el resto del Gobierno, que decidió avanzar hace dos semanas con restricciones en las escuelas.

El lunes, la Corte le dio traslado a la ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de toda la documentación que presentó el Estado nacional en su última presentación. El máximo tribunal ahora espera una respuesta de la Procuración General, que debe opinar sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.

En su última presentación, el gobierno porteño recuerda de manera intencionada “la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241”. Y agrega que en el expediente todavía no se presentaron los informes que reflejen la opinión técnica del ministerio de Educación de la Nación.

inicio de clases provincia de buenos aires

“A nuestro entender -dice el escrito de la Procuración porteña- esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado”.

A horas vencerse el plazo del decreto cuestionado por la Ciudad se espera que la Corte Suprema se expida sobre la disputa. Al mismo tiempo Nación, Provincia y Ciudad intentan definir de manera consensuada cómo seguirán las restricciones a partir del próximo sábado.

El tema más discutido siguen siendo las clases presenciales, aunque el gobierno porteño admitió ahora que para bajar la circulación y los contagios es necesario suspender, aunque sea en parte, la presencialidad en las escuelas. Lo admite ahora, después de tanta pirotecnia mediática, al proponer avanzar en un esquema de presencialidad administrada en la que todo el nivel secundario pasaría a la virtualidad mientras que los niveles iniciales y primario mantendrían la presencialidad combinada también con espacios de virtualidad.

Rodríguez Larreta pudo incumplir lo ordenado por el decreto presidencial merced a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña que hizo lugar al pedido de un grupo de padres. En repuesta, el gobierno nacional acudió a la Justicia federal, que le dio la razón, pero cuyo fallo la Ciudad eligió ignorar.

En el escrito presentado por los abogados de la Ciudad advierten que la documentación presentada por el Estado nacional refiere a datos epidemiológicos que no son los de la Ciudad, sino del AMBA, desconociendo que se trata de una misma unidad epidemiológica. “Presenta datos a nivel mundial, del país y del Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante AMBA), pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos informes en insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de ésta”, dice el escrito.

La Ciudad volvió a ratificar que las clases presenciales no provocaron un aumento de casos y que no tienen incidencia sobre el transporte público. Esto en el camino judicial, en el político hoy la Ciudad propone bajar la presencialidad en medio del avance de la segunda ola de contagios que amenaza con hacer colapsar el sistema sanitario.

Ahora la Corte espera una respuesta de la Procuración General para avanzar y se espera que la Corte defina sobre el plazo de vigencia del cuestionado DNU.

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