Con el fin de la feria se reactivarán varias causas de trascendencia

El juez Lijo ordenará además una indagatoria pendiente, la de Guido Forcieri, el representante argentino en el banco Mundial y ex jefe de asesores del ministerio de Economía. Forcieri había lograr aplazar la indagatoria, pero ahora Lijo lo citaría para después del 11 de agosto, según indicaron fuentes judiciales.

Mientras tanto, en la Sala I de la Cámara Federal comenzarán a estudiar las apelaciones de los procesamientos de los acusados del caso, entre ellos el del vicepresidente Amado Boudou, cuya defensa cuestionó duramente la decisión adoptada por el juez Lijo.

En tanto, en otra causa el juez Claudio Bonadío deberá definir en los próximos días la situación de Boudou en el caso de la falsificación de los papeles de uno de sus autos, un Honda rojo descapotable modelo CRX.

Por otra parte, el martes será un día importante en el juicio al fiscal José María Campagnoli que fue repuesto en sus funciones. El jurado de enjuiciamiento que aún mantiene abierto el proceso contra el fiscal, tendría  previsto aprobar el próximo martes la continuidad del proceso, pero sin volver a suspender al fiscal, quien continuará desempeñando su cargo hasta que haya un veredicto.

Los siete integrantes del jury, los seis que iniciaron el procedimiento, más Leonardo Miño, representante de la Defensoría General de la Nación, quien remplazó a la renunciante María Cristina Martínez Córdoba,  se reunirán para determinar, esencialmente, si el juicio se cayó definitivamente o si seguirá hasta llegar a una sentencia que confirme o destituya a Campagnoli en el cargo.

Todo parece indicar que el juicio seguirá. Y que la decisión será exhibirle a Miño, quien no estuvo en las audiencias anteriores,  las filmaciones y las versiones taquigráficas de todo lo que ocurrió hasta ahora.

Ante la decisión de continuar, la defensa de Campagnoli, a cargo del diputado radical Ricardo Gil Lavedra y el abogado Ignacio Irigaray, planteará el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Sostendrá que el fiscal ya fue juzgado, que se excedieron los plazos legales en los que el proceso puede ser interrumpido y que esa interrupción no le es achacable a su parte. Dirá la defensa que el jurado no pudo cumplir con el reglamento, de modo que el juicio se cayó.

Ese planteo deberá ser resuelto por los siete integrantes del jurado.

En otro ámbito, el Consejo de la Magistratura comenzará este lunes con la inscripción online a los trece concursos abiertos para cubrir 33 vacantes para cargos de juez en la Cámara de Casación Penal, en juzgados laborales q  están colapsados , de instrucción y federales de distintos puntos del país.

Los nuevos concursos son para cargos en juzgados de primera instancia Laboral (ocho vacantes);  de Instrucción (ocho vacantes); para el Tribunal Oral Federal de Mendoza (tres vacantes), para el Juzgado Federal de Tartagal, la Cámara Federal de Casación Penal (cuatro cargos).

También para cubrir tres vacantes en el Tribunal Oral Federal de Rosario (cuatro vacantes); en la Cámara Federal también de Rosario (una vacante); en el juzgado Federal N° 3 de La Plata; en el de Venado Tuerto; el N° 2 de Rawson  y en el juzgado Federal de San Rafael de Mendoza.

El Consejo además debe encargarse de las denuncias pendientes contra jueces, por ejemplo, el juez de ejecución penal Axel Lopez,  que cuenta con un dictamen aprobado en la Comisión de Disciplina y Acusación que recomienda iniciar juicio político al magistrado.

López fue denunciado luego del caso Tatiana Olodziez, en octubre de 2012, por haber concedido al acusado Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro delitos de violación, el beneficio de la libertad condicional, apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado.

También hay una denuncia contra dos integrantes de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social: Luis Herrero y Emilio Fernández. La acusación incluye maniobras supuestamente irregulares con dos expedientes, con fallos contrarios al Estado nacional. Se aprobó en comisión el dictamen presentado por el consejero Carlos Moreno aunque aún resta tratarlo en el plenario.

El Consejo tiene otro expediente en su poder,  donde se encuentra denunciado el juez federal Daniel Rafecas por un intercambio de mensajes de Whatsapp con el abogado Danilo Danuzzo Iturraspe, que representaba  en su momento de José María Núñez Carmona, en la causa abierta por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. En su descargo, Rafecas negó los cargos y adujo que ese intercambio de mensajes con el letrado no estaba relacionado con las "decisiones jurisdiccionales". Rafecas fue apartado del caso y denunciado ante el Consejo.