Tratan el blanqueo de capitales y el ingreso democrático a la Justicia
La Cámara de Diputados sostendrá una intensa sesión especial en la que se buscará convertir en ley, por un lado, el proyecto para la exteriorización de divisas y, por el otro, el último proyecto de la reforma judicial.
El proyecto de ley para crear un régimen de exteriorización voluntaria de capitales en moneda extranjera obtuvo este martes dictamen de comisión y será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados en sesión especial.
En ese marco, el diputado radical y vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Miguel Giubergia, pidió la asistencia del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; la presidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; y el titular de la UIF, José Sbatella, mediante una nota enviada al presidente de esa comisión, el kirchnerista Roberto Feletti.
El proyecto cosecha el rechazo de todo el arco opositor, entre ellos la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, en contrapartida presentó un proyecto de ley para prohibir "todo tipo de transacciones hacia y desde paraísos fiscales -es decir las transferencias financieras desde la República Argentina hacia cualquiera de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales y a la inversa", se informó en un comunicado.
La propuesta indica además que "el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, deberán realizar la actualización del listado con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales (Decreto 1344/98 y sus modificatorias)".
Mientras, el alfonsinista diputado nacional radical Miguel Bazze, que ya adelantó el rechazo de su bancada había sostenido antes del debate en el plenario de comisiones, que no se puede "convalidar este nuevo error del gobierno en la administración de la economía".
"La ley en lugar de mejorar en algo la situación económica, inevitablemente la va a terminar empeorando porque agrava la falta de confianza, condición indispensable para lograr más inversión", dijo Bazze y añadió que la iniciativa "blanquea" la incapacidad del gobierno "en el manejo y la planificación de la economía".
El ingreso democrático a la Justicia
La Cámara de Diputados también tiene previsto convertir en ley este miércoles, en la sesión especial propiciada por el oficialismo, el proyecto de ingreso democrático del personal a la justicia a través de concursos públicos que deberán ser convocados y controlados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De este modo, el Congreso concluirá con la sanción del paquete de iniciativas que conforman la reforma judicial para democratizar la justicia, cuyos ejes centrales son el voto popular de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y la regulación de las cautelares.
La votación del proyecto se realizará en el marco de la sesión especial solicitada por el oficialismo, en cuyo transcurso se convertirá en ley la iniciativa de exteriorización de divisas no declaradas, a cuyos tenedores se les otorgará bonos destinados a inversiones en energía, infraestructura o el mercado inmobiliario.
El resto de las iniciativas que conforman la propuesta para democratizar la justicia fueron promulgadas por el gobierno nacional, siendo la última la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la más cuestionada por las corporaciones de jueces y abogados, además de partidos opositores que rechazan la votación directa de académicos, magistrados y letrados.
Los diputados iniciarán cerca del mediodía la sesión especial con la discusión de la exteriorización de las divisas no declaradas, que serán canjeadas a sus tenedores por bonos para inversiones en energía e infraestructura y en el mercado inmobiliario.
El proyecto que convertirá en ley los diputados establece que el objetivo de esta iniciativa es "regular el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público".
La iniciativa determina que "podrán ingresar al Poder Judicial y al Ministerio público como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los cargos letrados, mediante el sistema de concursos".
Por su parte, permite la designación directa "excepcionalmente" en los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente mediante en forma definitiva" y a los dos letrados.
Además, contempla que deberá establecerse un cupo para discapacitados del 4 por ciento de los cargos a cubrir, siempre que alcancen los requisitos para esos puestos.
Los concursos para el Personal Judicial se efectuarán en la Corte Suprema de Justicia, mientras que los que se postulen para el Ministerio Público o la Defensoría General de la Nación participarán en concursos a desarrollarse en cada dependencia.
La integración de los órganos que deberán convocar a los concursos deberá ser definida para el caso del Poder Judicial por la Corte Suprema de Justicia y deberán realizarse con alcance en todas las jurisdicciones, a los efectos de garantizar la participación ciudadana.
Además fija que no podrán presentarse a los concursos las personas que hubieran sido condenadas por delitos dolosos en los últimos cinco años, o contra la Administración Pública.
A lo largo del proyecto se determina que también podrán presentarse a los concursos las personas inhabilitadas judicialmente para ejercer cargos públicos, o por haber vulnerado el artículo 36 de la Constitución Nacional.
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