Cuándo, dónde y por qué Menem firmó los indultos
Por HRC
- Menem firmó varios decretos para beneficiar a ex miembros de la dictadura militar, a funcionarios procesistas, a líderes guerrilleros y a los cabecillas de los motines contra el gobierno de Raúl Alfonsín.-
- También favoreció a ex funcionarios de la dictadura y a civiles procesados por hechos protagonizados durante el gobierno de Isabel Perón.
- Los decretos fueron firmados entre 1989 y 1990 con el argumento de lograr "la pacificación nacional".
Con el inverosímil argumento de "pacificar" el país, Carlos Menem eligió un lugar emblemático para anunciar los indultos a jerarcas de la dictadura militar: lo hizo el sábado 7 de octubre de 1989 en Chamical, La Rioja.
Los indultos habían beneficiado a militares, guerrilleros, civiles y a los jerarcas que estuvieron dirigiendo la guerra por las Islas Malvinas. También a los militares y civiles que tomaron parte en los alzamientos de Semana Santa, Monte Casetos, Villa Martelli y el copamiento del Aeroparque Jorge Newbery, ocurridos durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Incluyó además al ex jefe montonero, Mario Firmenich (encarcelado en 1984) y el ex general Suárez Mason (estuvo detenido tres años). Además de Firmenich otros tres civiles recuperaron la libertad con dicha medida, entre ellos la dirigente Norma Kennedy (procesada por malversación de fondos políticos).
Con los decretos 2.743 al 2.746/90 fueron beneficiados Duillo Brunello -procesado por irregularidades en el manejo de dineros del ministerio de Bienestar Social y por la denominada Cruzada de Solidaridad, durante el gobierno de Isabel Perón-, y el ex ministro de Economía del golpe militar de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, procesado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido en 1976.
Los indultos de Menem favorecieron a unos 1.200 individuos, entre una inmensa mayoría de represores, líderes guerrilleros y hasta gente investigada por delitos comunes. Aunque se supone que los beneficiados tienen que estar efectivamente condenados, los favorecidos alcanzaron a personas procesadas.
Menem también firmó el decreto 1004/89 para indultar a quienes intervinieron en los levantamientos de Semana Santa y Monte Caseros, en 1987; y Villa Martelli, un año después. Por este motivo, nunca fue juzgado el “carapintada” y ex intendente de San Miguel, Aldo Rico.
El decreto 1005 fue dedicado a los responsables del desastre en la guerra con los ingleses por las Islas Malvinas: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
Con otro decreto, el 2.741, perdonó a Videla, Massera y otros de los condenados.
Ahora la Corte Suprema de Justicia anulará los indultos en la causa iniciada contra quien fuera comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, en un fallo que podría firmarse el martes 10 o el 17 de julio.
El caso Riveros será el antecedente para derribar a todos los beneficiados por el decreto 1002, por el cual Menem indultó en 1989 a militares procesados por homicidios, privaciones ilegales de libertad y otros delitos, en 30 causas.
Ellos fueron, entre otros, los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides; los generales Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy y el mencionado Riveros.
Además, Menem dictó los decretos 1003/89 y 1004/89. Por el primero se indultó en 14 causas a 64 procesados por hechos subversivos, y por el segundo se indultó a personal militar y algunos civiles con sumarios ante la Justicia Militar y la Justicia Federal en relación a los alzamientos de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli y copamiento del Aeroparque Metropolitano.
Sobre la posibilidad de que la Corte también anule estos decretos, fuentes del Tribunal descartaron esta opción, porque consideran que los delitos que no pueden ser amnistiados son los de lesa humanidad, es decir, los cometidos por miembros del Estado o fuerzas de seguridad. Esto dejaría al margen de la anulación los indultos posteriores (el 1003 y el 1004).
La decisión de la Corte Suprema terminará de redondear un proceso judicial que ya suma más de 950 procesos penales en trámite por distintos crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1976 y 1983.
En esa cantidad de expedientes, se registran detenciones de más de 200 represores. Y se investigan torturas, secuestros y homicidios en 498 centros clandestinos de detención ilegal.
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