Murió Harguindeguy, el poderoso ministro de la dictadura

Política

Cumplía arresto domiciliario por delitos de lesa humanidad. Tenía 85 años y padecía graves problemas de salud.

El poderoso ex ministro del Interior de la última dictadura militar, Albano Eduardo Harguindeguymurió a los 85 años, mientras cumplía arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad.

Ex general de división, aficionado a la caza mayor y gélido ideólogo del régimen que usurpó el poder en el país desde 1976 hasta 1983, Harguindeguy tenía que rendir cuentas en la Justicia por haber escoltado al dictador Jorge Rafael Videla desde la cartera política durante cinco años, cuando se produjo la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado.

Nació en Villa Valeria, una localidad de Córdoba, el 11 de febrero de 1927, y murió este lunes en una casa de la calle Eva Perón 1331 de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, donde estaba recluido por sus problemas de salud.

Harguindeguy no fue acusado durante el Gobierno de la UCR, pero desfiló como testigo en aquel juicio, donde admitió que a sus manos llegaban los pedidos para que algún detenido en la clandestinidad pasara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fuera enviado a una cárcel común.

En 1989, la llegada a la Presidencia de Carlos Menem -con el antecedentes de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictados por Alfonsín- conllevó la firma de dos decretos de indulto para los condenados en aquellos históricos juicios y para otros que no habían llegado a ser sentenciados, pero tenían investigaciones en curso. Esos perdones también alcanzaron a distintos estamentos de la organización guerrillera peronistas Montoneros.

A Harguindeguy lo complicaba, al igual que al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (su antiguo compañero de safaris hoy también preso en su casa), la denuncia de los empresarios Gutheim, padre e hijo, por el secuestro que sufrieron en 1977 y durante el cual los obligaron a firmar acuerdos comerciales a los que se oponían.

Su situación judicial se complicó en 2004, cuando fue arrestado en el marco de la megacausa del Plan Cóndor, el proyecto de las dictaduras del Cono Sur para eliminar opositores; y con la anulación de los indultos, la Justicia pudo seguir investigándolo por su participación en el secuestro de los dos empresarios.

A partir de ese momento, otras causas por crímenes de lesa humanidad en distintos puntos del país también comenzaron a requerirlo como imputado. Por ejemplo, los hechos en la conocida como Área Concordia (Entre Ríos), aunque su condición física le impedía estar en el juicio oral que se sustanciaba allí.

También había sido procesado por el secuestro y la desaparición del dirigente guerrillero Roberto Quieto en diciembre de 1975, aún en el Gobierno de "Isabel" Perón.

Asimismo, en La Rioja, el juez Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso procesarlo con prisión preventiva -igual que a los represores Videla y Luciano Benjamín Menéndez- por "homicidio calificado y asociación ilícita" por la muerte del obispo Enrique Angelelli, en 1976.

Siempre se lo vinculó a los famosos papeles que, se dice, la dictadura guardó bajo siete llaves con los registros de los procedimientos que llevaron adelante. Incluso en la búsqueda infructuosa de encontrar esos documentos se llevó adelante un allanamiento en su casa, en la que murió en las últimas horas.

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