Denuncian a jueces por las "inexplicables condiciones" de detención de Febres
- Afirman que esas condiciones "redundaron en el homicidio".
- Aún permanecen presos la viuda de Febres, sus dos hijos y dos prefectos.
Organismos de Derechos Humanos denunciaron en el Consejo de la Magistratura a cuatro jueces de la megacausa ESMA por la condiciones de detención y las circunstancias de la muerte del represor Héctor Febres.
Se trata de una denuncia "por mal desempeño de funciones" contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5 Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, que llevaron adelante el juicio por delitos de lesa humanidad contra Febres.
El ex prefecto fue hallado muerto el 10 de diciembre último en su celda de la delegación Delta de Prefectura, cuatro días antes de recibir sentencia por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.
Estas organizaciones cuestionaron las "inexplicables e inadmisibles condiciones de detención" del ex represor que, aseguraron, "redundaron en el homicidio" de Febres.
En tanto, consignaron que "los jueces no pueden dejar de responder por esa muerte" que, a su entender "posibilitó la perpetuación de la impunidad reinante en nuestro país".
Entre los firmantes se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia, y los querellantes en el proceso que quedó sin efecto tras la muerte de Febres, envenenado con cianuro según la pericias judiciales.
También se encuadran Carlos Lordkipanidse, Andrea Bello, Enrique Fukman, Osvaldo Barros, así como otros sobrevivientes de la ESMA, Adriana Calvo, Laura Villaflor, Graciela Rosenblum y Diana Kordon.
Los denunciantes señalaron como un agravante el hecho de que el juez Torres haya recibido meses antes de la muerte de Febres "una denuncia formal acerca de las disparatadas e ilegales condiciones de alojamiento en las que éste se encontraba".
En tanto recordaron "las numerosas oportunidades en que solicitaron que se aloje a los genocidas en cárceles comunes, en particular en la causa ESMA y en la primera audiencia del juicio oral contra Febres".
Asimismo, acusaron a Torres y los camaristas "de desobedecer la orden de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal respecto de que (los represores) debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal".
Por su parte, el juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso una prórroga de 10 días en el secreto de sumario sobre la causa que investiga el presunto homicidio de Febres.
En esta causa se encuentran detenidos la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos Sonia Marcela y Héctor Ariel, investigados por homicidio; así como los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi, quienes estaban a cargo de la unidad de Prefectura y de su custodia respectivamente.
Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias realizadas durante la jornada a otros dos prefectos, uno de ellos apellidado Olazábal, giraron en torno a "cuestiones administrativas conexas a la causa de homicidio".
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