Escándalo ANDIS: cercados por la Justicia, los Kovalivker se negaron a declarar y buscaron tumbar la causa

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez (PIA) acusan a la firma de haber cooptado el organismo para maniobrar adjudicaciones por más de $137.000 millones mediante contrataciones simuladas y retornos. Pese a la contundencia de las pruebas, los empresarios buscaron relativizar su responsabilidad responsabilizando al entramado corporativo y cuestionando el origen de los audios y allanamientos que los acorralan.

Silencio, gambetas técnicas y el pedido para frenar la causa: las maniobras de los Kovalivker

La estrategia de los Kovalivker apuntó a derribar las pruebas de la causa antes que explicar el destino de los fondos públicos:

• Negativa a declarar y chicanas de nulidad: Tanto el presidente de la firma, Jonathan Kovalivker (imputado como jefe de la asociación ilícita), como su hermano Emmanuel intentaron anular los allanamientos y los cruces telefónicos alegando que la causa se inició con escuchas "ilegales".

• Eludieron responsabilidades individuales: Sostuvieron que la fiscalía los acusa simplemente por "ser los dueños" de Suizo Argentina, argumentando que no existen órdenes ni firmas directas que los vinculen con la manipulación de licitaciones.

• Justificaciones insólitas: Sobre los sospechosos ingresos de exfuncionarios y empresarios a sus viviendas en Nordelta, adujeron que se trataba de "reuniones sociales", mientras que Emmanuel intentó desmarcarse de sus propios chats donde definía a un nexo del gobierno como un "gran soldado" de la empresa.

• Reclamo por sus patrimonios: Jonathan Kovalivker exigió levantar la inhibición general de bienes que pesa sobre sus cuentas, intentando frenar el embargo dispuesto por la Justicia.

La acusación fiscal: una caja negra de $137.000 millones

La postura de los empresarios contrasta con el severo dictamen de los fiscales, que determinó que Suizo Argentina no operaba como una simple proveedora, sino que manejaba a conveniencia las compras de medicamentos de alto costo del Programa Incluir Salud.

Según el expediente, la conducción de la droguería fijaba precios, coordinaba qué empresas simulaban competir y decidía quién ganaba cada compulsa. La fiscalía remarcó que semejante nivel de manipulación estatal "requirió planificación y gestión desde las altas esferas de conducción de la firma", desmintiendo el intento de los Kovalivker de desligarse de las maniobras.