Espionaje: confirman procesamientos a periodistas
Se trata de la causa en la que se investigan el hackeo de mails de varios funcionarios, entre ellos la presidente Cristina Fernández. También se los acusa de asociación ilícita y encubrimiento agravado.
Según el fallo, esa red ilegal tenía como líder a Juan Bautista "Tata" Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, según definió en su momento la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, al procesarlo como jefe de una asociación ilícita y por hacer espionaje.
Ahora la Cámara confirmó parcialmente la resolución, por ejemplo en el caso de Yofre en cuanto dispuso el "procesamiento como autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de espionaje en calidad de coautor en quince oportunidades, y en calidad de autor en dos hechos". En cambio, lo sobreseyó en orden al delito de sustracción de prueba o documentación.
La Cámara modificó los embargos impuestos, que se reducen a las sumas de $400.000 para Juan Bautista Yofre, $200.000 para Pablo Alfredo Carpintero y Héctor Roberto Guillermo Alderete y, cien mil pesos $100.000 para Daniel Manuel Reimundes, Néstor Carlos Ick, Edgar Walter Mainhard, Carlos Orlando Pagni y Roberto Angel García.
La jueza Arroyo Salgado en su momento ya había dicho que "el objetivo primordial de Yofre era el de conocer en tiempo real información acerca del rumbo y las estrategias del gobierno nacional en sus principales áreas. Pero no cualquier tipo de información, sino aquella vinculada con las decisiones que estaban al exclusivo cargo de los altos estratos del Poder Ejecutivo nacional".
Para la justicia, el hackeo y pishing de e-mails no sólo violó la "privacidad" de sus titulares, sino que "se vio afectado un bien jurídico sensiblemente más relevante", "la seguridad nacional", ya que algunas "víctimas" enviaban información "trascendental por ese medio".
Se citó como ejemplo la divulgación de "datos de alta sensibilidad sobre la investigación relacionada con la desaparición de Julio López" como las "medidas de investigación que se estaban desarrollando".
Otras situaciones que se remarcaron podrían haber "afectado seriamente las relaciones exteriores" con ciertos países, al ventilar las "estrategias" ante la comunidad internacional y "valoraciones" sobre conflictos con otros países.
La causa judicial comenzó a tramitar en agosto de 2006, con una denuncia de la ex SIDE y cuando se hizo pública, se mezclaban las noticias sobre hackeo a personajes de la farándula, como Susana Giménez, y a los funcionarios públicos.
La lista de "víctimas" que consideró la justicia en esta causa incluye a Cristina Fernández; el gobernador Daniel Scioli; el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; Nilda Garré, cuando estaba en el Ministerio de Defensa; el ex canciller Jorge Taiana; Héctor Timerman (cuando era cónsul en Nueva York); Jorge Argüello, como diputado y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La extensa lista continúa con Fabián Gutiérrez y Jorge Bounine, secretarios de Néstor Kirchner y luego de Cristina; Alicia Castro, embajadora en Venezuela; José Scioli como funcionario en el Ministerio de Planificación; Carlos Bettini (embajador en España); Héctor Icazuriaga, titular de la Secretaría de Inteligencia; Alessandra Minnicelli, ex síndica general adjunta y a la División de Delitos Económicos de la Policía Federal, entre otros.
A lo largo de la investigación, la mayoría reconoció como propios ante la jueza los e-mails detectados en las computadoras secuestradas o impresos en los domicilios de Yofre y su grupo.
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