Crece el escándalo por el robo de mails de funcionarios, militares y miembros del espectáculo
El fallo que sacó a la luz a una de las principales redes de espionaje del país, podría alcanzar a más políticos, periodistas y militares.
El nuevo capítulo del escándalo del robo de mails tendrá lugar cuando la jueza llame a ampliar su declaración al titular de un portal llamado Seprin, Héctor Alderete.
La supuesta organización ilícita o "microemprendimiento criminal", como lo describe la Justicia, tenía como cabeza visible a Juan Bautista Yofre y como brazos ejecutores al dueño de Seprin y los ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Pablo Carpintero e Iván Velázquez (prófugo y denunciando ayer por su ex socio Alderete a través de Seprin, donde asegura que se encuentra prófugo en Uruguay). Estos eran los encargados de hackear las cuentas de mails de funcionarios, legisladores, militares y personalidades del espectáculo, para luego distribuir y vender esta información entre la red de periodistas "amigos". Esta tarea le habría correspondido a Yofre de acuerdo a la investigación judicial.
Es importante aclarar que en el fallo conocido este lunes la información sobre las personalidades del espectáculo espiadas no fueron incluidas en los procesamientos por considerarlos delitos de "acción privada", aunque en poco tiempo se conocerán los resultados de esta investigación, que se desprendió de la causa madre, y que según las versiones desatarán otro escándalo por los nombres de los "compradores de los mails hackeados".
La operatoria, en todos los casos y según consta en el fallo, consistía en obtener "las claves personales de las casillas de correo en cuestión y una vez que se hacían de las mismas, constantemente ingresaban a sus cuentas de email, copiaban los correos que enviaban y recibían sus titulares, para luego transmitirlos a Yofre, quien con posterioridad los seleccionaba y distribuía".
Entre los procesados se encuentran además de los arriba nombrados, el empresario Néstor Ick y el general (RE) Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, que también fueron considerados encubridores.
La causa judicial comenzó a tramitar en agosto de 2006, con una denuncia de la ex SIDE. La lista de "víctimas" que consideró Arroyo Salgado incluye a Cristina Kirchner, Daniel Scioli (como vicepresidente), Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete), Nilda Garré (cuando estaba en el Ministerio de Defensa), Jorge Taiana (ex canciller), Héctor Timerman (cuando era cónsul en Nueva York), Jorge Argüello (como diputado y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores), Fabián Gutiérrez y Jorge Bounine (secretarios de Néstor Kirchner y luego de Cristina), Alicia Castro (embajadora en Venezuela), José Scioli (como funcionario en el Ministerio de Planificación), Carlos Bettini (embajador en España), Alberto Dalotto (ex jefe de Gabinete de Cancillería), Héctor Icazuriaga (titular de la Secretaría de Inteligencia), Alessandra Minnicelli (ex síndica general adjunta) y a la División de Delitos Económicos de la Policía Federal.
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