A la iniciativa del Ejecutivo se le introdujo modificaciones técnicas pedidas por la oposición. Obtuvo media sanción este jueves por la tarde en el Senado y se descuenta que será convertido en ley por Diputados.
La iniciativa establece que los Bancos Centrales extranjeros u otras autoridades monetarias foráneas sean inmunes a la jurisdicción de los Tribunales argentinos a la vez que se espera reciprocidad con los activos argentinos en el marco del litigio con los fondos buitre.
En el marco del conflicto con los holdouts, cobra valor el proyecto por que, en detalle, el texto orden a la Argentina a suscribir convenios internacionales para que los activos del Banco Central de nuestro paísgocen de la misma inmunidad frente a eventuales embargos de fondos buitre en aquellos países con los que se alcance un acuerdo.
El segundo artículo de la norma subraya que "los activos de un Banco
Central Extranjero o una autoridad monetaria extranjera que sean
utilizados para el normal desenvolvimiento de las actividades estaduales
relativas a la ejecución de la política monetaria,gozan de inmunidad
de jurisdicción" ante la Justicia argentina respecto de cualquier medida
coercitiva que pudiera afectarlos.
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La inmunidad mencionada en
el artículo 2 "será aplicable en la misma medida en que los activos del
Banco Central de la República Argentina gocen de inmunidad conforme la
legislación del país al cual pertenece el Banco Central extranjero de
que se trate".
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La
iniciativa fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Relaciones
Exteriores y este mismo jueves por la Comisión de Economía, donde se le
introdujo modificaciones técnicas pedidas por la oposición.
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Luego, en el recinto, con el aval de todos los bloques se sancionó en un rápido tratamiento, durante una sesión especial. Ahora fue girado a Diputados para su debate. En caso de ser aprobado, será convertido en ley.
La sesión de ayer en la Cámara alta estuvo conducida por el presidente provisional del Senado, Gerardo
Zamora, en lugar del vicepresidente Amado Boudou, cuestionado por la oposición tras el procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa Ciccone, donde se lo acusa de cohecho y mal uso de sus funciones públicas.
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