José Luis Espert apeló el procesamiento por lavado y enriquecimiento que le dictó la Justicia

Según el exdiputado de La Libertad Avanza (LLA), sus abogados presentaron dos recursos de apelación ante el Juzgado Federal N°2 de San Isidro “porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”.

Así lo expresó Espert mediante un texto publicado en redes sociales, donde también hace alusión al escrito presentado ante la Justicia, en el cual sus defensores solicitan a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión del magistrado, levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país y dicte su sobreseimiento.

Las explicaciones de José Luis Espert

Según señala José Luis Espert en su nota pública, el juez Mirabelli “tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue ‘lavarlos’”, pero “descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido”.

José Luis Espert junto a Fred Machado.

También apuntó que el procesamiento “se contradice a sí mismo”, ya que el magistrado tomó la decisión por un delito “cuya prueba el juzgado todavía espera”, advirtiendo que “se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo”.

Espert negó que haya habido dinero para lavar porque “no hubo nada escondido” y ese monto en dólares ni se devolvió a su dueño ni de “disfrazó” como propio. “El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo”, aseguró.

“Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura”, añadió.

También cuestionó que Mirabelli cerrara el fallo con una “reflexión sobre el lavado” y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”, hechos por los que nunca fue indagado.

“Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”.

Con estas explicaciones, sus abogados pidieron la falta de mérito porque la imputación “no configura el delito de lavado de activos” y “la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente”, señalando que el embargo y la prohibición de salir del país son, según su parecer, “desproporcionados e injustos”.

“Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones… Mientras tanto, seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”, finalizó Esperte en su publicación en X.

José Luis Espert junto a su amigo Javier Milei.

La publicación completa de Espert en redes sociales

APELÉ MI PROCESAMIENTO Y EL DE MI EMPRESA PORQUE EL FALLO ES CONTRADICTORIO, SESGADO, FALTO DE PRUEBA Y DE TINTES POLÍTICOS

Hoy mis abogados presentaron ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro dos recursos de apelación contra el auto del 22 de octubre que me procesó por lavado de activos y procesó también a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituí con mi esposa en 2019. Pido que la Cámara Federal de San Martín revoque esa decisión, dicte mi sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. Expongo acá, con mis palabras, lo que esos escritos técnicos plantean.

LO QUE RESOLVIÓ EL JUEZ Y LO QUE DESCARTÓ

El fallo tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue “lavarlos”. Lo hizo sin prisión preventiva, con un embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. El mismo fallo descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido. No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado. La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde EE. UU., su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad. Esa es la imputación.

EL PROCESAMIENTO SE CONTRADICE A SÍ MISMO

Sin embargo, el propio juez dejó por escrito lo que contradice su decisión. Reconoce que el exhorto enviado a los Estados Unidos hace un año para probar el origen del dinero sigue sin respuesta. Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera. Admite que el único dato que me distinguiría de todas las demás personas e instituciones que trataron con Machado no alcanza para tener por probado el dolo, pero no identifica ningún otro elemento que lo complete. Concede que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia resultarían compatibles con una cuestión impositiva, que es materia administrativa y nada tiene que ver con lavar dinero. Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo. Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo?

LA IMPUTACIÓN NO TIENE LÓGICA

Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido. Una transferencia bancaria internacional con mi nombre, a una cuenta también a mi nombre que continuaba otra ya declarada; un auto comprado en concesionaria con factura y certificación contable presentada ante el registro público; un segundo auto pagado por transferencia bancaria; una sociedad a mi nombre con domicilio en mi propia casa y sueldos declarados ante el fisco. El propio fallo comprueba que el contrato de consultoría jamás fue exhibido ante ningún banco, registro ni organismo durante cinco años. Un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado. No resiste el menor análisis.

UN LAVADO SIN BENEFICIARIO

Todo lavado tiene un para qué. O se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Acá no ocurrió ninguna de las dos cosas. Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle -escribano, apostilla, correos, testigos- y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura. El estafador prolijo y el chapucero no caben en la misma persona. Queda una pregunta más elemental todavía. Un empresario que movía millones por empresas y cuentas del exterior no necesitaba la cuenta bancaria a nombre de uno de los economistas más conocidos del país, entonces candidato a presidente, para mover doscientos mil dólares. Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió.

LO EXTRAÑO Y ABSURDO DEL REPROCHE

El fallo me reprocha que yo “debía” saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas, a partir de conversaciones de abril de 2021, quince meses después de la transferencia. Pero los organismos estatales que sí tenían los medios para saber o sospechar algo -la Armada Argentina, la UIF, la IGJ, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA- y que trataron con Machado, no advirtieron nada raro. Nadie habla tampoco de los empresarios, deportistas y demás personalidades públicas, incluso dirigentes políticos, que tenían trato con Machado y volaron en sus aviones. La teoría del juez necesita que el único obligado a saberlo, antes que todas ellas, fuera yo. Llamativo e injusto.

LA REALIDAD DE MI EMPRESA

Varianza S.A. es la sociedad con la que instrumenté la consultoría que ejerzo desde hace décadas. Nunca facturó a Machado ni a empresa ligada a él, ni recibió un dólar de la operación. Lo único que se le atribuye es haber registrado sueldos en sus libros y haberlos declarado ante el fisco. El propio auto califica esa intervención “de escasa relevancia” pero la procesa igual, con un embargo de quinientos millones de pesos, más de cuatrocientas veces el importe al que el mismo juez acotó su participación. Resulta incomprensible.

LAS RESTRICCIONES NO TIENEN FUNDAMENTO

El fallo dice dos veces, con palabras expresas, que no existen riesgos procesales. Valora que estoy a derecho, que comparecí a cada citación y que la prueba está reunida. Pero a renglón seguido, con un “no obstante” y sin ningún dato nuevo, me prohíbe salir del país sin plazo. Y traba un embargo de mil millones de pesos sin un solo cálculo que explique cómo llega a esa cifra. Entre los tres procesados, por una única transferencia de 200.000 dólares, los embargos suman 2.200 millones de pesos. Un verdadero despropósito.

UN CIERRE QUE NO PERTENECE A ESTA CAUSA

El auto termina con una reflexión sobre el lavado y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”. Pero nunca fui indagado por eso. El mismo fallo reconoce que esos hechos tramitan en otra causa y otro juzgado y, a pesar de ello, los usa como contexto de las medidas que me impone. Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme.

LA POSICIÓN DE MI DEFENSA

Mis abogados pidieron que la Cámara revoque el procesamiento y me sobresea, porque lo que se me imputa no configura el delito de lavado de activos. En subsidio, pidieron la falta de mérito, porque la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente. Y, en cualquier caso, que se dejen sin efecto la prohibición de salir del país y el embargo, por ser desproporcionados e injustos. Además, mantengo todos mis cuestionamientos a la forma en que se está llevando esta investigación -en especial a la actuación del Fiscal- y el pedido de que tramite ante el juzgado que investiga los mismos hechos desde 2021, donde casualmente el denunciante eligió no presentar su denuncia para derivarla a la jurisdicción de su evidente preferencia.

Comparecí cada vez que se me citó, aporté cada documento que tenía y ofrecí la prueba que todavía falta producir. Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones.

Sin perjuicio de que la Cámara Federal de San Martín no corrigió hasta ahora ninguna de las irregularidades que denuncié, confío en que esta vez sea diferente, porque alcanza con leer el fallo para advertir que no se sostiene. Mientras tanto, seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio.