Jueces de Casación: en 60 días, el dictamen

Política

*Luis María Cabral es el juez instructor del sumario contra los jueces de la Cámara de Casación Penal Alfredo Bisordi, Ana María Capoluppo, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos.
*A esos jueces se les atribuye el presunto entorpecimiento de los expedientes en los que hay involucrados militares que violaron los derechos humanos.
*La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por unos 60 sobrevientes de la última dictadura militar.

Télam
Por Télam
Estaría listo en 60 días el dictamen del consejero-juez Luis María Cabral sobre la imputación a cuatro magistrados de la Cámara de Casación Penal, por la morosidad en el tratamiento de causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Colaboradores del juez instructor del sumario, quienes recordaron que si bien el magistrado tiene seis meses para presentar su dictamen, contaron que "si se trata de un tema de mora no va a incurrir en lo mismo que se les imputa a los jueces imputados".

Cabral tiene a su cargo la instrucción de la causa iniciada por 60 sobrevivientes de la última dictadura contra los camaristas de Casación Alfredo Bisordi, Ana María Capoluppo, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, a quienes se les atribuye el entorpecimiento de los expedientes en los que hay militares involucrados.

Pese a la reserva que mantiene Cabral, sus allegados indicaron que "está haciendo una compulsa de la totalidad de la jurisprudencia doctrinaria sobre excarcelación de cada sala y de cada magistrado" que aparecen imputados en la presentación efectuada ante el Consejo de la Magistratura.

En ese sentido, indicaron que "es muy probable" que el juez concurra a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital -donde tiene su asiento la Cámara de Casación Penal- para verificar personalmente los expedientes y analizarlos mientras las causas siguen su trámite y evitar demoras, o que "pida que le manden fotocopias".

En tanto, Cabral dispondría que se "les haga saber los cargos en su contra" a los jueces denunciados para que hagan -si así lo desean- presentaciones en el sumario, "en una especie de equivalente al artículo 73 del Código Procesal", dijeron los informantes.

Esa norma establece que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aún cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al Tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".
De acuerdo a los pasos procesales, una vez que el dictamen esté listo -sugiriendo el avance del juicio o su desestimación- pasará al plenario de la Comisión de Acusación y Disciplina integrada por nueve miembros, quienes, a su vez, pueden compartir o disentir con el criterio del juez instructor.

La comisión de Acusación y Disciplina la preside la diputada Diana Conti y la integran los jueces Cabral, Luis Bunge Campos, el catedrático Mariano Candiotti, los legisladores Federico Storani, Nicolás Fernández y María Laura Leguizamón, el abogado Santiago Montaña, y Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo.

En caso que se decida avanzar con los procesos se citará a los imputados para escucharlos en una suerte de declaración indagatoria en la que, al igual que en los procesos penales, pueden negarse a hacerlo sin que ello implique presunción en su contra.

Finalmente, la Comisión decidirá si impulsa la acusación de los imputados ante el Plenario del Consejo de la Magistratura, si la desestima, o si archiva las actuaciones.

En la hipótesis de un dictamen acusatorio, el expediente es elevado al pleno del cuerpo que, en caso de considerar con los dos tercios de sus votos que hay elementos para promover la destitución de los magistrados, los suspende y envía las causas al Jury de Enjuiciamiento, que en 180 días debe llevar a cabo el juicio político.

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