El Ejecutivo aceptó incorporar cambios al proyecto para limitar cautelares

Frente a esto, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, afirmó que para que "no queden dudas" de que la iniciativa cercenaba derechos aceptaba que se incluya al texto "que el concepto de vida se refiere a la vida digna" y que cuando haya ejercicio de un derecho colectivo de trabajo, el Estado puede interponer una medida cautelar solo si no hay preaviso y no se cumplan servicios mínimos. 

También accedió a establecer, en referencia a los plazos, la obligación del juez para acelerar el proceso para una dar una sentencia definitiva. Esto ocurrió en el curso de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Legislación General del Senado a la que fueron invitados el CELS, que preside Verbitsky, y otras ONGs que plantearon objeciones de tipo constitucional al proyecto oficial enmarcado en la reforma judicial que impulsa el Gobierno.

La decisión del Ejecutivo de aclarar que el concepto de derecho a la vida mencionado en el proyecto se refiere "a la vida digna" no conformó al CELS, que insistió en un detalle minucioso de los derechos protegidos.

Verbitsky manifestó, al iniciar la reunión, que con la propuesta que hacía el CELS, que habitualmente ha apelado a medidas cautelares para proteger derechos, "no se afectaba el propósito del proyecto pero se especifica aquellos sectores a los que no debe reducirse de alguna manera la protección que hoy gozan". El periodista puntualizó que con las incorporaciones reclamadas "nos parece que de alguna manera se salva el riesgo" que puede surgir de "condicionamientos corporativos e intereses económicos espurios a las instituciones de la República".

Sin embargo, ante los senadores, Verbitsky al empezar la reunión pidió "no dramatizar" la discusión, porque estimó que "no se están afectando las instituciones".

Pese a haber concurrido a la reunión el ministro de Justicia, Julio Alak, fue el secretario Álvarez el encargado de las explicaciones técnico-jurídicas del proyecto del oficialismo ante las objeciones planteadas por el CELS.

Álvarez no ocultó su molestia porque las críticas no hubieran sido expuestas en el momento en que se estaba armando el proyecto.

"Son argumentos imprecisos, erróneos", afirmó Álvarez respecto a la invocación que hizo el CELS al fallo Halabi de la Corte Suprema de Justicia, así como a artículos del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos. El funcionario insistió en que las excepciones en la limitación de las cautelares que considera el proyecto del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a los derechos a la vida, la salud y alimentarios "incluye todo el abanico de derechos fundamentales".

Verbitsky negó que el CELS, como había manifestado Álvarez, haya tenido el proyecto el 7 de marzo y, con ironía, consideró "razonable" que el viceministro defendiera "la intervención que le cupo" en la redacción porque señaló que el texto "no refleja" la posición expresada por la presidente.

Álvarez sostuvo que los cambios que el Ejecutivo estaba accediendo a incorporar era para "que no queden dudas que este proyecto viene a proteger a los sectores más vulnerables contra los intereses de las corporaciones" y aseguró que "estas correcciones van a dar por terminada la discusión sobre los derechos fundamentales".

El senador Aníbal Fernández indicó, al finalizar la reunión y ante una consulta de su par radical Nito Artaza, que las incorporaciones al texto admitidas por el Ejecutivo se van a hacer "a viva voz" cuando el proyecto se trate en el recinto el próximo jueves.