Se trata de la causa por supuesto desmantelamiento de una bóveda del empresario, que el magistrado porteño había girado al fuero de Río Gallegos y cuya decisión había sido apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.
La Justicia de Santa Cruz devolvió este jueves al juez federal Sebastián Casanello el expediente abierto por la denuncia sobre el supuesto desmantelamiento de una bóveda de una chacra del empresario Lázaro Báez, por lo que el avance del caso quedó trabado en un conflicto de competencia. En tanto, la diputada Elisa Carrió denunció penalmente al juez Casanello.
Se trata de la denuncia que hizo días atrás la diputada Carrió, que el miércoles fue derivada por el juez Casanello a Santa Cruz en razón de la jurisdicción donde supuestamente habrían ocurridos los hechos, expediente que hoy volvió a Buenos Aires.
La jueza subrogante Ana Álvarez –que este viernes dejaría el juzgado de Santa Cruz- resolvió que el expediente vuelva a su par federal de Buenos Aires y ahora Casanello deberá responder si se queda o no con la causa, y la anexa a la de supuestas maniobras de lavado de dinero en la que está imputado Lázaro Báez.
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Las idas y vueltas del expediente comenzaron cuando Casanello decidió declararse incompetente y remitir la denuncia y documentación adjuntada por Carrió a la justicia del sur. Pero horas más tarde, el fiscal Guillermo Marijuán apeló la resolución del magistrado.
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Si Casanello reitera su decisión de declararse incompetente, la Cámara Federal deberá resolver el conflicto y definir qué juzgado investiga los hechos.
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Por otra parte, Carrió denunció este jueves penalmente al juez Casanello justamente por su decisión de declararse incompetente y por haber rechazado un pedido de allanamiento en un guardamuebles de la localidad de Tigre en donde se habría ocultado documentación que habrían sacado de la financiera SGI en Puerto Madero, sospechada en la investigación de lavado de dinero.
Según informaron en tribunales, Carrió también denunció al titular de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Carlos Gonella y al integrante de la Unidad, Omar Orsi, ya que en un primer requerimiento no acusaron a Lázaro Báez.
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