Marijuán apeló el giro a Santa Cruz de denuncia contra Báez

Política

El fiscal federal pidió que la causa abierta por Elisa Carrió ante el juez Casanello siga investigándose en la justicia federal porteña.

El fiscal Guillermo Marijuán apeló este miércoles la decisión del juez federal Sebastián Casanello de girar al fuero de Río Gallegos la denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió sobre un supuesto desmantelamiento de una bóveda de Lázaro Báez y ocultación de prueba.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal se opuso a la decisión del juez, por lo que ahora la Cámara Federal resolverá sobre la competencia del expediente.

Asimismo, Marijuán pidió nuevamente que se realice un allanamiento en una baulera en la localidad bonaerense del Tigre en la que, se sospecha, se habría ocultado documentación que habrían sacado de la financiera SGI ubicada en el Madero Center conocida como "La Rosadita", en el marco de la causa por lavado de dinero.

El primer pedido de allanamiento del lugar fue realizado el martes de la semana pasada, pero fue rechazado por el juez Casanello. El magistrado, según fuentes judiciales consultadas, ordenó en cambio la realización de tareas de inteligencia por parte de personal de Prefectura Naval, pero que no fue técnicamente un allanamiento.

De acuerdo a las constancias del expediente, el dueño de la empresa que administra la baulera sería una persona que se llama Fernando Puricelli.

Prefectura habría notado movimiento de vehículos en los últimos días en el lugar donde se encuentra la baulera, pero no se pudo precisar si en ese sitio se ocultó documentación de la sospechada financiera SGI, que era de Federico Elaskar, uno de los imputados de la causa.

El fiscal Marijuan insistió con el allanamiento del lugar, y apeló ante la Cámara Federal el rechazo del allanamiento, según confirmaron las fuentes consultadas.

Casanello está a cargo de la investigación por supuesto lavado de dinero en la que están imputados, entre otros, el empresario Báez, pero consideró que la denuncia de Carrió no guardaría relación con la causa que está en su juzgado, y que sería de competencia de la justicia de Río Gallegos, informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes explicaron que la denuncia de Carrió podría ser investigada por el juzgado federal de Río Gallegos donde el viernes asume como jueza subrogante Andrea Askenazi Vera, quien aceptó el cargo tras haber salido designada de la lista de conjueces  que se sorteó  en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Askenazi Vera, de bajo perfil,  reemplazará así a la hasta ahora jueza subrogante, Ana Alvarez.

El martes, la diputada denunció en la Justicia que Báez habría desmantelado una bóveda de su propiedad en Río Gallegos y que habría trasladado dinero, armas y documentos a una estancia ubicada a unos cien kilómetros de la capital de Santa Cruz.

Esa presentación fue realizada ante el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien pidió al juez que ordenara la protección de testigos, entre ellos el técnico Sergio Triviño quien habría desarmado la bóveda y tomado fotos del operativo de desmantelamiento.

También se ordenó la protección de un matrimonio que habría convencido a Triviño que tomara las fotos como un "seguro de vida".

Ahora Casanello derivó la denuncia de Carrió a la justicia de Santa Cruz, en razón de la competencia y porque los hechos serían ajenos a la causa que está en su juzgado, indicaron las fuentes.

Además de Báez, están imputados en la causa por lavado de dinero que tiene a su cargo el juez Casanello, el hijo de Lázaro, Martín, el marido de Iliana Calabró, Fabián Rossi; el financista Federico Elaskar, el supuesto valijero Leonardo Fariña y el contador Daniel Perez Gadín.

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